Jue. Mar 21st, 2019

A qué se debe la disputa con la Cicig en Guatemala

Manifestaciones en contra de la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

 

CIUDAD DE MÉXICO — Hace casi doce años, un pánel de fiscales internacionales auspiciado por las Naciones Unidas llegó a Guatemala. Su objetivo era trabajar en conjunto con el Ministerio Público de Guatemala para ayudar a fortalecer el Estado de derecho y a combatir las redes delincuenciales que habían surgido en las más de tres décadas de guerra civil en el país.

Fue un experimento osado –tercerizar parcialmente la procuración de justicia–, pero el gobierno estaba dispuesto a ceder cierto terreno en vista de la frágil posición de la democracia guatemalteca, la relativa debilidad de sus instituciones y la extensa corrupción en el país.

Desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) comenzó a funcionar en 2007 ha descubierto actos de corrupción en distintos niveles, ha ayudado a fortalecer a los tribunales y ha profesionalizado el Ministerio Público, lo que le ha ganado la aprobación de buena parte del pueblo guatemalteco; también ha enviado a prisión a poderosos políticos, líderes del crimen organizado y empresarios.

Sin embargo, cuando una investigación en 2017 sobre un posible financiamiento ilegal de campaña se centró directamente en el presidente Jimmy Morales, este comenzó a reprimir las acciones de la comisión.

El 7 de enero, Morales intentó ponerle un alto por completo a las actividades de la Cicig al anular de manera anticipada y unilateral el convenio con la ONU, aunque el máximo tribunal del país canceló esa decisión el 9 de enero.

Morales ha desafiado las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en el pasado. De hacerlo en esta ocasión, sumiría al país en una crisis constitucional.

¿En qué consiste el trabajo de la Cicig?

Desde que la comisión arrancó operaciones, los casos investigados han demostrado cómo algunos grupos privados se apropiaron de muchas de las funciones del Estado para enriquecerse.

Los esquemas de corrupción han afectado a varias ramas del gobierno, desde legisladores y jueces hasta funcionarios municipales; se han encontrado casos de corrupción en el seno de la Intendencia de Aduanas de Guatemala, del principal proveedor de servicios públicos de salud, de uno de los puertos principales, en la oficina de pasaportes y en el Ministerio de Comunicaciones.

Sin embargo, la labor de la comisión para contribuir a fortalecer el Estado de derecho en Guatemala va más allá de acabar con este tipo de esquemas y encarcelar a los político corruptos y a sus aliados.

Guatemala es un país que sufre una enorme desigualdad, donde la mitad de los niños están malnutridos y las áreas rurales se encuentran olvidadas. El país necesita dependencias de gobierno efectivas, capaces de lidiar con esos problemas, pero la corrupción merma la capacidad del Estado para mejorar el bienestar de la ciudadanía.

En un contexto más amplio, la labor de la Cicig en Guatemala ha sido un gran ejemplo de éxito en el combate a la corrupción en América Latina, donde los ciudadanos han expresado cada vez más rechazo a la impunidad tan arraigada en estos casos.

¿Qué factores llevaron a la actual crisis?

Al mando de Iván Velásquez, el fiscal colombiano designado en 2013 para encabezarla, la Cicig ha colaborado de manera estrecha con dos fiscalas generales.

En 2015, el organismo reveló un esquema de fraude aduanero orquestado por el entonces presidente Otto Pérez Molina, quien se vio obligado a renunciar tras meses de manifestaciones en las calles. La indignación que el pueblo sentía hacia la clase política propició la elección de Morales ese mismo año, un antiguo comediante de televisión que utilizó durante su campaña el eslogan “Ni corrupto ni ladrón”.

Iván Velásquez, el fiscal colombiano encargado de dirigir la Cicig

En un principio, Morales respaldó el movimiento anticorrupción, se comprometió a colaborar con la Cicig y designó a jóvenes reformistas para integrar su gabinete.

No obstante, todo cambió cuando la Cicig presentó cargos en contra del hermano y el hijo de Morales por estar involucrados en un esquema fraudulento. La situación empeoró cuando la Cicig acusó a Morales mismo, además de a algunos de los empresarios más poderosos de Guatemala, de incurrir en violaciones en el financiamiento de su campaña. El presidente entonces intentó obstaculizar el trabajo de la comisión.

Eliminó a algunos de sus investigadores en el cuerpo policial, rechazó que Velásquez pudiera reingresar al país tras un viaje, se negó a renovar las visas de algunos fiscales de la Cicig y anunció que no renovaría el mandato de la comisión tras su fecha de conclusión en septiembre.

Pero, debido a lo previsto en el convenio suscrito hace más de una década con las Naciones Unidas, el gobierno guatemalteco no expulsó a la Cicig.

Eso cambió esta semana. El gobierno declaró que se retiraría del acuerdo y le dio al personal internacional de la Cicig veinticuatro horas para salir de su territorio (varios de los trabajadores de la comisión así lo hicieron).

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad desechó la decisión del gobierno en un fallo emitido ayer.

¿Por qué el gobierno decidió actuar en este momento?

Por las próximas elecciones: el país elegirá a un nuevo presidente y congreso en junio. Si bien Morales no puede reelegirse, tanto él como sus aliados seguramente se opondrán a cualquier candidato que apoye a la Cicig y la continuidad de sus pesquisas sobre corrupción en el gobierno. Morales perderá su inmunidad en cuanto abandone el cargo.

Si el gobierno logra deshacerse de la Cicig, quizá le resulte más fácil presionar a las autoridades electorales para que no permitan el registro de candidatos presidenciales que puedan causarles problemas, como la exfiscala general Thelma Aldana, quien trabajó en conjunto con Velásquez para presentar los casos más sonados.

Morales intentó detener por completo las actividades de la Cicig el 7 de enero, una decisión después revertida por el tribunal constitucional del país.

¿Qué papel juegan los actores internacionales como Estados Unidos?

Washington ha sido la principal fuente de financiamiento para la comisión, junto con Canadá y algunos países europeos. El gobierno de Barack Obama respaldaba decididamente a la Cicig, pues consideraba central su aportación al fortalecimiento del Estado de derecho en la región debido a que eso apoyaba también intereses estadounidenses, como frenar el flujo de inmigrantes y drogas de Centroamérica.

Ese respaldo se ha enfriado durante el gobierno de Donald Trump, en parte gracias a las actividades de cabildeo de Morales y su equipo.

Aunque la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala sí expresó el martes 8 de enero su respaldo a la Cicig. “Al gobierno estadounidense le preocupa el futuro de las acciones de combate a la corrupción en Guatemala”, señaló en un comunicado. “Preservar el Estado de derecho, reducir la corrupción y ponerle fin a la impunidad son medidas clave para garantizar la seguridad, estabilidad y prosperidad, no solo de Guatemala, sino de toda la región”.

¿Qué pasará ahora?

No se sabe. Si el gobierno guatemalteco cree que puede seguir desafiando a la Corte, impedirá que regrese el personal internacional de la Cicig, que abandonó el país por motivos de seguridad. Sin el apoyo de los fiscales de la comisión, el Ministerio Público podría batallar para resolver los casos que preparó con la Cicig.

Los aliados de Morales en el Congreso y los tribunales guatemaltecos ya intentan retirar del cargo a tres de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Si lo logran, se librarán del último mecanismo formal que ha fungido como contrapeso.

De ser así, la comunidad internacional (incluido Estados Unidos) y los mismos guatemaltecos serían los únicos capaces de ejercer presión sobre el gobierno para que respete el Estado de derecho.