Vie. Ago 23rd, 2019

Adiós a las minas en Colombia

En marzo de 2015, se coordinó una operación de desminado en el municipio Cocorná.

 

BOGOTÁ — Una manera de entender el impacto que el proceso de paz ha tenido en Colombia es visitar los municipios que durante y después del conflicto armado han sufrido el mayor número de víctimas por accidentes con minas terrestres.

Desde 1985 a noviembre de 2018, 11.652 personas han sufrido por la explosión de minas antipersona que durante cinco décadas sembraron las guerrillas y, según algunas denuncias, el ejército colombiano por más de la mitad del país, sobre todo en las comunidades rurales. Por eso, cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, predecesor de Iván Duque, firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc en 2016, muchos territorios celebraron: en 2021, año en el que según el expresidente Santos se eliminarán todas las minas que quedan del conflicto armado, sus habitantes podrían caminar con libertad, sin temor a las explosiones.

El proceso de paz seguirá incompleto hasta que Colombia no sea un territorio libre de minas. Y es que todavía muchas comunidades viven atemorizadas por los explosivos sembrados en sus tierras e incluso este año se registró un aumento en el número de accidentes por minas antipersona. Para muchos habitantes de la Colombia rural el desminado sigue siendo una promesa sin cumplir, en buena medida porque aún hay lugares en donde la guerra no se ha detenido; poblados en donde el Estado no ha llegado y que están dominados de facto por grupos criminales y disidentes de las guerrillas. Desminar estos territorios significará también recuperar una parte del país que ha permanecido abandonada por sus gobiernos.

Hacía falta un periodo sin violencia desmesurada para advertir uno de los aspectos más atroces del conflicto: más de la mitad de Colombia, la mitad rural, fue sembrada de minas. Según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 673 municipios de los poco más de 1100 del país estaban “contaminados” con estos artefactos.

El año con más víctimas por minas de la historia de Colombia (1229 personas) fue 2006, el periodo de mayor intensidad de la guerra entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez —reelegido ese año— y la guerrilla de las Farc. Para 2014, Colombia seguía siendo el segundo país con más accidentes registrados con minas antipersona, solo detrás de Afganistán. De acuerdo con Álvaro Jiménez Millán —director nacional de la Campaña Colombiana Contra Minas, una organización civil que nació en 1999—, para 2015 los accidentes con minas comenzaron a descender y el país bajó al sexto lugar: de 286 muertes se registraron 221. Ahora, dos años después de la firma de la paz, el país descendió al décimo lugar. Pero falta mucho trabajo aún.

Una mina casera en el municipio Cocorná, encontrada en marzo de 2015. 

Una de las comunidades que, se estima, aún no ha sido desminada es La Montañita, en el departamento del Caquetá, al sur de Bogotá y puerta de la Amazonía. Solo ahí las minas han dejado un saldo de 250 víctimas desde 1990. En ese terreno viven una cuarentena de soldados profesionales que no portan armas. Son parte de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario, formada en agosto de 2016. En el brazo derecho de su uniforme azul oscuro está su misión: salvar vidas.

El sargento viceprimero Calixto Guerrero, uno de los jefes de la delegación, recuerda que en los tiempos de la guerra era imposible caminar por estos campos. Ahora, en cambio, los soldados que desminan con la guía de los campesinos, quienes conocen mejor estos caminos, pueden trabajar de lunes a sábado, ocho horas cada día. La temperatura es alta, 32 grados Celsius en promedio, en una región húmeda y de terrenos escarpados. Llevan un chaleco que pesa 4 kilos y que les protege el pecho y los muslos. En la mano derecha cargan un detector de minas que pesa 2,7 kilos.

El proceso de paz tuvo un efecto inmediato: la desmovilización de las estructuras militares de la guerrilla. Solo cuando bajó la intensidad de los enfrentamientos en los territorios castigados por la guerra, fue posible empezar a cumplir la promesa de liberar a Colombia de las minas. En las negociaciones del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla fue crucial comprometerse a adelantar los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar. Este, sin duda, ha sido uno de los logros más visibles del acuerdo y es por eso que el gobierno de Iván Duque debe apoyarlo y fortalecerlo con todos los recursos necesarios.

No todas son buenas noticias. La experiencia del sargento Guerrero y su grupo de militares en La Montañita fue posible porque ellos podían ocupar el territorio sin temor a ser atacados. Esto, sin embargo, no es lo que ha ocurrido en otros departamentos del país. En 2018, ha habido un incremento en los accidentes con minas antipersona. Según la Campaña Colombiana contra Minas, este año hay 180 víctimas, un aumento del 300 por ciento respecto a 2017, cuando se registraron 56 accidentes. El directo del organismo señala que hay grupos armados ilegales, como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunos carteles del narcotráfico, que están volviendo a sembrar minas en ciertas regiones cocaleras del país. La guerra no se ha detenido en toda Colombia.

En departamentos como Nariño, que hasta octubre de este año registraba 23 accidentes con minas, el Estado ha sido incapaz de ocupar el territorio. Cuando las Farc se desmovilizaron, las disidencias de la guerrillas y otros grupos criminales invadieron estas zonas para dominar el narcotráfico. Nariño ocupó, según el reporte de la ONU en 2017, el primer lugar en el número de cultivos ilícitos del país.

El incremento de cultivos ilícitos de coca en ciertas regiones de Colombia —en 2017 se alcanzó una cifra récord— está directamente relacionado con el aumento de los accidentes por minas en 2018. Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto (Cerac), me dijo que “en algunas zonas en las que hay cultivos ilícitos los grupos de crimen organizado han minado la tierra para evitar la erradicación, especialmente en zonas de Nariño cercanas al Pacífico”. Una fuente de la policía que trabaja en Nariño ratificó que las bandas criminales que controlan el tráfico de drogas en el departamento están “tratando de cuidar los cultivos poniendo artefactos explosivos y así generar accidentes cuando la fuerza pública trata de erradicar manualmente la mata de coca”.

Es momento de que los territorios abandonados por el gobierno colombiano durante los años del conflicto armado, como el departamento de Nariño, sean parte de Colombia. Duque debe llevar el Estado a los lugares en donde ha permanecido ausente. Para hacerlo, su gobierno debe concentrar los esfuerzos en esos territorios y garantizar a los campesinos que los precios de los productos agrícolas podrían competir con los de la droga (el ingreso promedio de una familia cocalera es de 280.000 pesos mensuales, menos de 100 dólares). A los campesinos de esa Colombia minada y aún sin paz deben facilitarles desde el gobierno el paso a la legalidad. Con esto los cultivos de coca se reducirían y se permitiría el ingreso a las brigadas de desminado humanitario a los territorios que hasta hoy siguen prohibidos.