Aprueban Diputados reformas a la Constitución Política de Veracruz

La Diputación Permanente de la LXIII Legislatura local declaró aprobadas en lo general, las reformas a los artículos 4 y 6 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, tras avalar la mayoría de los ayuntamientos los Proyectos de Decreto en materia de derechos humanos y discapacidad, así como para consagrar el interés superior de la niñez y garantizar de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Al dar lectura al informe de la Secretaría General del Congreso del Estado, en la séptima sesión ordinaria del ordinaria del tercer año de ejercicio constitucional, el diputado Juan Eduardo Robles Castellanos, secretario de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, informó el resultado de la votación emitida por los ayuntamientos y al ser más de la mitad de los 212 de la entidad, dijo, fue procedente aprobarlos en su totalidad, por lo que fue turnado al Ejecutivo Estatal para su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

En referencia al lineamiento de que sea el Poder Legislativo el que llame a comparecer a quienes no atiendan quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), fueron 188 ayuntamientos los que avalaron el proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones sobre este ordenamiento.

El Congreso de Veracruz también recibió informes de la aprobación de 130 ayuntamientos que decidieron dar su aval en apoyo a la reforma que establece que las autoridades del Estado promuevan condiciones necesarias para el pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las personas; garantizan el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la personalidad, dando especial atención a la integración de las personas con discapacidad.

Esta Soberanía informó que que fueron 138 ayuntamientos lo que estuvieron de acuerdo con la aprobación del proyecto de decreto para consagrar en la Constitución local, a través de adiciones en los artículos 4 y 6, el interés superior de la niñez y la obligación de respetar y garantizar de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

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