Avanzará Ley de Austeridad que recorta sueldos y cancela pensión a ex Presidentes

La norma de Ley de Austeridad pretende ajustar las remuneraciones de los servidores públicos a través de un esquema de control salarial previsto en una ley reglamentaria. 

La norma prevé recortar el gasto en sueldos y remuneraciones de los funcionarios públicos.

 

 

 

En la Cámara de Diputados, las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda, dictaminarán este lunes de 10 de diciembre, el dictamen de la Ley de Austeridad.

La norma prevé recortar el gasto en sueldos y remuneraciones de los funcionarios públicos.

Establece que se deben ajustar las remuneraciones de los servidores públicos, a través de un esquema de control salarial previsto en una ley reglamentaria.

Prohibirá cubrir con recursos públicos haberes de retiro por regímenes especiales o privilegiados de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva.

También quedarán prohibidas las pensiones de retiro a ex titulares del Ejecutivo Federal, excepto las que contemple el ISSSTE.

Recalca que el Presidente de la República, legisladores, magistrados, jueces, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados electorales por ningún motivo tendrán pensiones de retiro distintas a las del ISSSTE.

En el caso de la Suprema Corte, ésta determinará conforme a sus atribuciones, competencia y dentro del espíritu de austeridad republicana, los montos de sus pensiones.

Los ex Presidentes sólo tendrán acceso al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del ISSSTE.

“Se prohíbe y cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiese creado ex profesopara su beneficio, del mismo modo se hará respecto a la asignación de cualquier tipo de servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado, así como de los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte del patrimonio federal”, dice la norma que al entrar en vigor, obligará a reintegrar bienes y personal a las dependencias correspondientes.

Los funcionarios públicos que utilicen recursos humanos materiales o financieros institucionales con fines distintos a los asignados, incurrirán en responsabilidades administrativas.

Quedará prohibido el ejercicio de cabilderos en el proceso legislativo; aunado a que las prerrogativas y subvenciones de los grupos parlamentarios deberán reducirse al mínimo indispensable.

A través de la fiscalización y políticas de transparencia para el sector privado, así como la aplicación de la técnica jurídica conocida como “levantamiento del velo”, se resolverán asuntos de utilización de personalidad jurídica distinta a los servidores públicos, para incurrir en abusos, fraudes y otros delitos.

En los Poderes de la Unión y en los organismos autónomos, los órganos internos de control evaluarán las medidas de austeridad implementadas.

El incumplimiento o violación a las normas de austeridad, se sancionará conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los recursos presupuestarios federales asignados en las entidades y municipios, serán sujetos de control, vigilancia, seguimiento y evaluación por parte de Secretaría de la Función Pública, conforme a los principios que establece la ley, sin afectar las atribuciones de dependencias locales ni de la Auditoría Superior de la Federación(ASF).

El proyecto recalca que serán sujetos a la ley todos los servidores públicos; todas las dependencias, entidades y órganos de los poderes de la Unión; todos los entes públicos federales; así como los organismos públicos autónomos, que deberán emitir lineamientos para cumplir la norma.

En cuanto a las plazas en la administración pública federal, señala que no se crearán puestos adicionales en el ejercicio fiscal 2019 ni aumentarán sus sueldos y prestaciones.

Solo se contratará personal por honorarios si es indispensable y justificado, aunado a que tendrán derecho a prestaciones como la seguridad social.

Agrega que sólo los funcionarios públicos con responsabilidades en materia de defensa exterior, seguridad y procuración de justicia, podrán disponer de servicios de escoltas, blindaje automotriz y gastos relativos a su protección.

Los autos sólo se destinarán actividades prioritarias, de utilidad pública, y para servicio directo a la población. Si se necesita comprar vehículos nuevos, serán económicos yno contaminantes.

El gasto en publicidad se restringirá a los montos máximos que establezca la Secretaría de Hacienda. No podrán rebasar el 0.15 por ciento del gasto programable aprobado.

Los recursos destinados a propaganda oficial no aumentarán durante el ejercicio fiscal; la difusión de propaganda gubernamental se realizará en los tiempos oficiales en radio y televisión y se reducirá al mínimo la contratación de tiempos comerciales.

En materia de viajes, sólo se autorizarán los que sean estrictamente necesarios.

Quedarán prohibidos los viajes en primera clase o equivalentes; así como la contratación de aerotransporte privado.

El pago por hospedaje y alimentación de servidores públicos comisionados, se apegará a los lineamientos de Austeridad Republicana que emita la Secretaría de la Función Pública, y solo se autorizarán para la persona “comisionada”.

El informe de gastos y resultados obtenidos en viajes oficiales se enviará en un plazo de 30 días.

Los entes obligados ajustarán sus estructuras administrativas a los principios de austeridad, y eliminarán duplicidades.

En el Poder Ejecutivo, la contratación de asesores se limitará a tres por dependencia o entidad; sólo los titulares de dependencias o entidades tendrán secretarios particulares; se eliminarán las plazas de Dirección General Adjunta, creadas desde el año 2001.

Sólo los secretarios de Estado o titulares de dependencias o entidades, así como los subsecretarios del ramo u homólogos, tendrán derecho a la asignación de un chofer.

Las contrataciones por honorarios no podrán superar el 10 por ciento del gasto destinado al personal de estructura; y deberán estar plenamente justificadas.

En el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial quedará prohibida la contratación de servicios de consultoría, asesoría, despachos externos para realizar estudios e investigaciones así como proyectos de ley y planes de desarrollo, o cualquier otro tipo de análisis que pueda hacerse con los funcionarios públicos existentes.

Recalca que todas las oficinas de comunicación social se centralizan en la Oficina de Presidencia de la República; al igual que las oficinas de Informática y Tecnologías de la Información; mientras que las oficinas de Derechos Humanos se centralizarán en la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Todas las compras públicas y contrataciones se centralizarán en la Oficialía Mayor de Hacienda.

Todas las oficinas de asuntos jurídicos quedarán centralizadas en la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Todas las oficinas relacionadas con temas de ingresos, se centralizarán en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las oficinas relacionadas al tema de género, se centralizarán en el Instituto Nacional de las Mujeres.

Las imprentas y oficinas relacionadas con ediciones, artes gráficas e impresión de documentos oficiales se centralizarán en los Talleres Gráficos de México; y los asuntos relacionados con control interno y fiscalización se centralizarán en la Secretaría de la Función Pública.

Recalca que quedarán prohibidas las delegaciones de las dependencias y entidades de la administración pública en el extranjero; y en el Servicio Exterior Mexicano estarán prohibidas las duplicidades.

Quedará prohibida la renta y compra de autos de lujo, o que superen el valor de cuatro mil 343 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes; en caso de ser necesario y exista justificación, se autorizará la compra de vehículos.

Los vehículos oficiales sólo se ocuparán en actividades públicas prioritarias y para prestar servicio a la población, por lo que quedará prohibido su uso privado.

Si prohibirá la compra o renta de sistemas de cómputo en el primer año de cada administración, y si se requieren compras posteriores, tendrán que justificarse.

Quedarán prohibidas las contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los trabajadores del Estado, como seguros de separación individualizada. También estarán prohibidas las cajas de ahorro especiales.

Las flotillas de aviones y helicópteros no indispensables para el Ejecutivo Federal se subastarán a través del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes; excepto los aviones y helicópteros destinados a actividades de seguridad, protección civil y traslado de enfermos.

No se realizarán gastos de oficina innecesarios ni se autorizarán la compra de bienes o insumos mientras haya en existencia en almacenes públicos.

Se prohibirá remodelar oficinas por cuestiones estéticas y no se comprarán muebles de lujo.

Quedará prohibido derrochar energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, Internet e insumos adquiridos con recursos públicos.

Estará prohibido constituir fideicomisos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos con recursos públicos en materias de salud, educación, justicia, seguridad social y seguridad pública.

Los recursos obtenidos por la extinción de esas figuras, se usarán para el pago de deuda pública.

En el caso fideicomisos públicos constituidos, no podrán tener montos mayores al 0.5 por ciento del presupuesto total asignado a entes públicos, a menos que generen recursos a través de actividad financiera propia de su operación. Los excedentes tendrán que entregarse a la Federación.

Los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos con recursos públicos, deberán ser constituidos invariablemente por el titular de la Secretaría de Hacienda, publicar sus estados financieros, reportar sus ingresos y abstenerse de generar pasivos laborales. Si operan de manera irregular, serán cancelados.

Quedarán inscritos en un registro público manejado por Hacienda, y serán revisados y fiscalizados por la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

Establece que ningún servidor público podrá obtener mayor salario, remuneraciones o prestaciones que el Presidente de la República.

Por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones, compensaciones ni percepciones extraordinarias fuera de los tabuladores aprobados.

Los tabuladores en el Legislativo, el Judicial y órganos autónomos, serán establecidos por las Unidades Administrativas correspondientes.

En cuanto a los horarios laborales, los servidores públicos de alto mando, y de confianza, trabajarán de lunes a viernes en horario extraordinario en los términos que se establezca.

No podrán acudir a trabajar en estado de ebriedad y tampoco consumir bebidas alcohólicas en oficinas públicas

Tendrán prohibido convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas, concesionarios, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas.

Tampoco podrán cerrar calles, detener el tráfico, pasarse los semáforos o estacionarse en lugares prohibidos.

Se les prohíbe recibir con motivo del desempeño de su cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o a sus familiares hasta en cuarto grado.

La Ley de Austeridad Republicana del Estado va acompañada por un paquete de reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley Orgánica del Congreso General; y la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

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