Chile, Bolivia y la salida al mar: volver a empezar

Ciudadanos bolivianos hacen una ofrenda mientras esperan el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Santa Cruz, Bolivia, 1 de octubre de 2018.

Con un fallo contundente, la Corte Internacional de Justicia le cerró la puerta este lunes a la aspiración de Bolivia de obligar a Chile a negociar un acceso soberano al mar, tal como ha reclamado desde que perdió su litoral en la guerra del Pacífico hace más de un siglo.

En una decisión que tomó por sorpresa a ambos países —con una votación de doce contra tres—, el tribunal desechó en su totalidad los argumentos jurídicos de la demanda boliviana presentada en 2013 y liberó a Chile de cualquier obligación de negociar su soberanía territorial en el norte del país para darle una salida al mar a Bolivia. El fallo es obligatorio e inapelable.

Además de celebrar la decisión, el gobierno chileno expresó su disposición a retomar el diálogo con Bolivia, país con el cual no tiene relaciones diplomáticas desde 1978. Sin embargo, el presidente Sebastián Piñera fustigó duramente a su par boliviano, Evo Morales, a quien acusó de crear “falsas expectativas a su propio pueblo” y de haber hecho que Chile perdiera “cinco valiosos años en las sanas y necesarias relaciones que debe tener con todos los países vecinos”.

La confianza de las autoridades bolivianas en el triunfo en La Haya durante las últimas semanas dio paso ayer a un palpable desconcierto. Ni los chilenos más optimistas vaticinaban una decisión tan categórica. En Bolivia, el ambiente era de “pesadumbre y tristeza”, dijo Luis Inarra, vicepresidente del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia en Cochabamba.

“Históricamente los bolivianos han sido educados en la idea de que se le ha hecho una injusticia al país en el pasado que ha derivado en un encierro geográfico. Está muy asentada en la lógica de los bolivianos que el desarrollo pasa por la conexión de Bolivia con el mundo a través de una costa y un puerto que le permitan vincularse sin necesidad de pedir permiso a otro país”, afirmó Inarra.

 Un grupo de funcionarios chilenos celebra en Santiago el fallo de la Corte Internacional de Justicia, el 1 de octubre de 2018. 

Bolivia nació como país independiente en 1825 con costa en el Pacífico. En el proceso de demarcación de fronteras, o a través de acuerdos diplomáticos o tras sucesivas guerras, Bolivia fue perdiendo pedazos de su territorio ante Perú, Brasil, Argentina y Paraguay, pero ninguna de esas amputaciones geográficas dejó una sensación de pérdida tan duradera como la ocupación chilena de su zona costera luego de la guerra entre Perú, Chile y Bolivia, conocida como la guerra del Pacífico, de 1879 a 1883.

De acuerdo con el tratado de paz de 1904, que reconoció el dominio absoluto y perpetuo de los territorios ocupados por Chile y fijó las fronteras de posguerra, Bolivia tiene acceso al mar a través de franquicias y beneficios portuarios.

El gobierno chileno señala que Bolivia tiene actualmente, entre otros beneficios, potestad aduanera, menores costos de almacenaje y el derecho de designar a sus propios agentes aduaneros en los puertos de Arica y Antofagasta, en el norte de Chile. Según el tratado, Chile reconoció a Bolivia el derecho al libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico y se comprometió a financiar la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz.

Para Bolivia, sin embargo, la recuperación de un acceso soberano al océano Pacífico es una demanda histórica que se ha expresado en múltiples acuerdos, diálogos bilaterales, intentos de negociación y fórmulas y propuestas preliminares (enclaves, corredor, canje territorial, entre otros) con Chile, todas las cuales han fracasado.

Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), ambos países acordaron discutir una agenda de trece puntos sobre temas de interés común, incluyendo el marítimo. Pero ese diálogo se suspendió en 2011 por diferencias entre las partes antes de abordar el punto sobre el mar. Dos años después, Bolivia acudió a la Corte para tratar de obligar a Chile a negociar una salida con soberanía. Su argumento era que los acuerdos, propuestas, notas diplomáticas, declaraciones y actos unilaterales entre los dos países durante casi un siglo demostraban la persistente voluntad de Chile de negociar, lo cual obligaría jurídicamente al país a hacerlo, al crear legítimas expectativas a Bolivia.

Pero cada uno de esos actos y documentos fueron descartados por la Corte, que no vio en ninguno de ellos un compromiso explícito de que Chile estuviera dispuesto a negociar una salida con soberanía. Bolivia apostaba a que la Corte los considerara en su conjunto y reflejara una costumbre que implicaría obligaciones para Chile.

“El fallo establece una clara diferencia entre la conducta política y la diplomacia de los Estados y el ámbito jurídico. La corte dejó en claro que una cosa es lo que el Estado puede hacer con otro en su intercambio y acciones bilaterales, y otra distinta es que a partir de ello un Estado asume una obligación jurídica de negociar su soberanía”, afirma Andrés Jana, asesor del equipo chileno ante la Corte.

El presidente Morales, quien viajó a La Haya para la lectura del fallo, declaró que Bolivia “nunca va a renunciar” a su aspiración marítima. “Si bien no hay una obligación, sí hay una necesidad de resolver un tema pendiente”, afirmó. (Desde 2009, la salida soberana al mar es un derecho “permanente e irrenunciable del Estado”, consagrado en la Constitución boliviana).

Para Chile, sin embargo, no hay nada pendiente, ya que considera que las fronteras y obligaciones fueron zanjadas a través del Tratado de 1904. Bolivia dice que firmó ese tratado en condiciones de desventaja y sometimiento tras la derrota sufrida en la guerra.

Ahora la controversia ha vuelto prácticamente a fojas cero: los países deberán reconstruir confianzas y volver a sentarse a la mesa a discutir no solo la demanda marítima, sino sobre los múltiples problemas que afectan a los dos países al compartir una frontera.

 Un joven boliviano espera el veredicto de la Corte Internacional de Justicia en Iquique, Chile, el 1 de octubre de 2018.

“Bolivia es un vecino y estará al lado nuestro hasta que se acabe el planeta, por lo que es necesario tener una relación pacífica y civilizada. Pero si tenemos un tratado que fija fronteras que no vamos a ceder, y si Bolivia no lo va a conquistar con silogismos jurídicos, lo más sensato es ponerse de acuerdo en los temas de la coexistencia vecinal”, dijo José Rodríguez Elizondo, especialista en derecho internacional y autor de varios libros sobre las relaciones vecinales de Chile con Perú y Bolivia.

“¿Es posible una integración sin ceder soberanía? ¿Es posible tener una zona de desarrollo en la triple frontera con Perú? Son miles las posibilidades de desarrollo pacífico positivo, en vez de estar distrayendo millones de dólares en abogados, viajes, armamento”, sostuvo Rodríguez Elizondo.

La Corte señaló que su decisión no impedía a las partes continuar dialogando “en un espíritu de buena vecindad para atender las cuestiones relacionadas con la falta de salida al mar de Bolivia, cuya solución ambas partes han reconocido constituir una cuestión de interés mutuo”.

Sin embargo, dialogar no es lo mismo que negociar.

“Chile ha dicho que está dispuesto al diálogo, pero lo que Bolivia quiere es una negociación para acceder de manera soberana al océano Pacífico. Son intereses irreconciliables, lo cual estaría impidiendo que haya un avance sobre ese tema. Se estaría manteniendo un statu quo que para Bolivia es completamente incómodo y que Chile, hasta el momento, ha sabido capitalizar

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