El alto costo económico de la violencia en Brasil

RÍO DE JANEIRO — La tasa de homicidios en Brasil se ha disparado durante las dos últimas décadas a pesar de que el Estado y el sector público aumentaron de manera considerable el gasto en seguridad pública, señalaron los funcionarios gubernamentales el 11 de junio cuando anunciaron los resultados de un estudio que midió el impacto económico de la violencia.

La investigación estableció que el costo acumulativo del crimen —incluidos los cálculos de la pérdida de productividad, así como el costo de la vigilancia y el encarcelamiento— fue superior al 4,3 por ciento del producto interno bruto de Brasil en 2015, el año más reciente del que se tienen datos extensos disponibles.

De 1996 a 2015, el costo de la violencia aumentó de alrededor de 54.000 millones de dólares anuales a más de 138.000 millones, una cifra que los funcionarios definen como insostenible en un momento en el que varios estados brasileños no pueden incrementar su tope de gastos de forma legal y otros están en bancarrota.

El gobierno indicó que el costo total de la violencia durante esas dos décadas fue de 1937 billones de dólares.

“Las cifras son impactantes”, comentó Hussein Kalout, secretario especial para asuntos estratégicos, la división de la presidencia que realizó el estudio. “No se puede tener una sociedad próspera con altas tasas de delincuencia”.

Desde hace tiempo, los sociólogos han estudiado el costo de la violencia en las economías del continente americano, pero es poco común que un gobierno lleve a cabo un estudio y divulgue datos que implican el reconocimiento de un fracaso.

Kalout mencionó que el gobierno del presidente Michel Temer —el más impopular desde que se restauró la democracia en Brasil en la década de los ochenta— esperaba que los hallazgos de la investigación pudieran impulsar el debate sobre las estrategias de prevención del crimen, un problema central con miras a las elecciones presidenciales de octubre.

“La pobre gobernabilidad que padece el sector de la seguridad pública brasileña es difícil de ocultar”, comentó Robert Muggah, director investigador del Instituto Igarapé, una organización que estudia la política de seguridad pública y que colaboró con el análisis. “Las crisis política y económica en todos los niveles de gobierno han revelado el grado de disfunción”.

“No se puede tener una sociedad próspera con altas tasas de delincuencia”.

HUSSEIN KALOUT, SECRETARIO ESPECIAL PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA PRESIDENCIA

La semana pasada sucedió otro estallido de violencia que llegó a los titulares de los periódicos: las fuerzas de seguridad y unos supuestos narcotraficantes se enfrentaron en un tiroteo de larga duración cerca del Pan de Azúcar en Río de Janeiro, una de las principales atracciones turísticas de la ciudad.

La balacera causó que los visitantes que estaban en la colina, la cual ofrece una vista panorámica de la ciudad costera, buscaran un lugar para protegerse del fuego y ocasionó que los funcionarios cerraran de forma temporal el sistema de teleférico que transporta a los turistas.

El 10 de junio, los cuerpos de siete hombres fueron descubiertos cerca de una playa popular del distrito de Urca, una zona fuertemente vigilada y que tiene varias instalaciones militares. En declaraciones a los medios locales, los parientes dijeron que sospechaban que las víctimas habían sido ejecutadas por la policía. Los funcionarios de los cuerpos de seguridad dijeron que los cuerpos no mostraban señales de haber sido ejecutados, según el periódico O Globo.

Las tendencias de la violencia han empeorado en el mandato de Temer, en particular en los estados del noreste y en el principal destino turístico de Brasil, Río de Janeiro, donde el ejército supervisa los operativos de seguridad desde febrero.

Con 62.517 muertes violentas en 2016, Brasil rompió un récord al alcanzar una tasa de homicidios superior a los 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el último estudio anual que recopila las estadísticas de las fuerzas del orden y del sector salud (de 1996 a 2015, la tasa en Estados Unidos cayó de ocho a cinco homicidios por cada 100.000 habitantes).

Esa investigación, publicada a inicios de este mes, muestra que los brasileños de raza negra representan una parte desproporcionada y creciente de las víctimas de homicidio.

Aunque los brasileños negros o mestizos son poco más de la mitad de la población del país —cercana a los 205 millones de personas—, en 2016 representaban aproximadamente el 71 por ciento de las víctimas de homicidios. La violencia fue la principal causa de muerte en hombres brasileños en sus veintitantos, según el estudio anual.

El estudio sobre el costo de la violencia puso por primera vez un precio oficial a los asesinatos. Por cada víctima de homicidio cuya edad oscila entre los 13 y los 25 años, Brasil perdió cerca de 266.000 dólares en productividad, según las conclusiones del gobierno. De 1996 a 2015 —periodo en el cual se elevó la cantidad de homicidios de 35.000 a 54.000—, el costo acumulativo de la pérdida de productividad fue de aproximadamente 218.000 millones de dólares. Esta cifra equivale al costo de cerca de cuatro años de cuidados de la salud, el mayor gasto del país, al nivel del año pasado.

Estas estadísticas desalentadoras no sorprendieron a Edson Diniz, un activista de 47 años radicado en el distrito de Maré, Río de Janeiro, una de las áreas donde las bandas de narcotraficantes tienen más influencia que el Estado.

“Las familias no necesitan tener acceso a las estadísticas para saber que sus hijos son los que están bajo la mayor amenaza, los que sufren más registros por parte de la policía, los que suelen ser los blancos más comunes de la violencia que ejercen los narcotraficantes”, comentó Diniz. “Es toda una generación amenazada, con familias que temen por sus hijos”.

El estudio gubernamental se divulgó cuando Temer respaldó una ley aprobada en marzo, la cual busca mejorar la coordinación de seguridad pública entre el Estado y los funcionarios federales.

El informe sobre el costo de la violencia incluye recomendaciones para que la vigilancia policiaca y el encarcelamiento sean más eficaces y menos costosos. Sin embargo, evita sugerir cambios drásticos a las estrictas políticas antinarcóticos y al código penal de Brasil, los cuales están en el centro de la epidemia de violencia según varios académicos y activistas.

Muggah, el investigador especializado en violencia, dice que los legisladores deberían considerar las ventajas de despenalizar el consumo de drogas, una maniobra que han realizado varias naciones latinoamericanas, y legalizar la marihuana, como pasos básicos para reducir los costos y la violencia.

“En Brasil, la realidad es que casi es un hecho que el sector de la seguridad pública enfrentará un severo déficit financiero en los próximos años”, opinó Muggah. “La prioridad debe recaer en mejorar el rendimiento y la eficacia de las estrategias de vigilancia: hacer más con menos”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *