Lun. Sep 23rd, 2019

El argumento anti-Trump ya no funciona en Venezuela

Un grafiti en Caracas.

 

CIUDAD DE MÉXICO — Días antes de que se cumpla la fecha límite para llevar ayuda humanitaria (de Estados Unidos, Colombia y de venezolanos en el extranjero) a Venezuela, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en un mitin en Miami: “El pueblo de Venezuela está a favor de la libertad y la democracia, y el pueblo de Estados Unidos está de su lado”.

Este respaldo estadounidense tan directo a la presidencia interina de Juan Guaidó, sin embargo, es un riesgo: Guaidó podría parecer un títere de Estados Unidos. Se trata de un argumento que le conviene a Nicolás Maduro: la retórica de izquierda contra derecha ha sido vital para el chavismo desde 1999. Y es así como razona una parte de la izquierda latinoamericana, europea (partidos como Francia Insumisa) y los gobiernos alineados con Nicolás Maduro: Bolivia, Cuba, Nicaragua, Rusia, entre otros.

Sin embargo, el argumento de que el respaldo estadounidense es razón suficiente para desacreditar el liderazgo de Guaidó parte de una premisa falsa: en Venezuela no hay una batalla por la ideología —por la izquierda o la derecha—, sino por la sobrevivencia.

El problema de Venezuela no es una hipotética intervención de Estados Unidos, es una dictadura que ha devastado al país. En solo dos décadas de chavismo, una de las economías más prósperas de la región sufre la crudeza de una hiperinflación, la instituciones democráticas fueron destruidas, se ha sofocado salvajemente la protesta ciudadana y se ha perseguido a la oposición. Este panorama ha llevado a tres millones de venezolanos a salir del país, lo que ha generado la mayor crisis migratoria y humanitaria en la historia reciente de América Latina.

Es razonable que los latinoamericanos seamos escépticos ante los espaldarazos de Estados Unidos a líderes regionales. En nombre de “combatir el comunismo”, distintos gobiernos estadounidenses respaldaron a dictadores feroces a lo largo del siglo pasado: en Guatemala interrumpieron un proceso democrático; en El Salvador y Chile intervinieron de manera trágica al apoyar el derrocamiento de gobernantes electos democráticamente. Pero este no es el caso de Venezuela.

Naciones tan diversas como Marruecos, Finlandia, Argentina, Dinamarca o Polonia (una lista que, en conjunto, es imposible de calificar de cómplices de Estados Unidos) reconocen a Guaidó como la autoridad legítima de Venezuela. Sí, el gobierno estadounidense fue de los primeros en reconocer la presidencia interina del líder de la oposición, pero no es el único. Japón es el país más reciente de las cincuenta naciones que hasta ahora reconocen a Guaidó.

La versión maniquea del rechazo al apoyo de Trump a la oposición ignora también la historia plural del movimiento democrático venezolano, en donde hay partidos políticos socialdemócratas, socialcristianos y liberales. E incluso predomina la visión de centro-izquierda, como la postura de Voluntad Popular, el partido del que proviene Guaidó y que es miembro de la Internacional Socialista desde 2014.

En la década de los noventa, gobiernos, instituciones y personas de distinto signo político apoyaron la vuelta de la democracia en Chile y el fin del apartheid en Suráfrica. Ambos casos trascendían el esquema “izquierda o derecha”; se trataba de rechazar el autoritarismo y el racismo. Era un reclamo internacional a favor del respeto a los derechos humanos. Es momento de hacer lo mismo con Venezuela.

Ante el drama venezolano, no hay dilema posible: el apoyo a la salida de Maduro de buena parte de las naciones democráticas del mundo —entre ellos, el del Estados Unidos—, no se traduce en un riesgo inminente de invasión o de guerra civil.

En la erosión de la vida democrática venezolana no está involucrada la ideología ni agentes del imperio, sino una tiranía. Entre 2012 y 2018, la ONU registró más de doce mil detenciones arbitrarias ordenadas por el gobierno venezolano y, solo en 2017, noventa personas fueron sometidas a tortura. En el periodo de abril de 2017 a enero del año pasado, el Foro Penal Venezolano contabilizó a 134 personas asesinadas por razones políticas. Para las elecciones presidenciales de mayo de 2018 fueron ilegalizados partidos políticos —Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular— y se inhabilitaron como candidatos a figuras como Henrique Capriles Radonski o Leopoldo López, quien está preso desde hace cinco años.

El rechazo al presidente Trump —quien en dos años ha querido instaurar en su país políticas racistas y aislacionistas— es comprensible, pero no puede deslegitimar a una oposición que tiene casi veinte años de protagonizar una cruzada legal y pacífica por reinstaurar la democracia. El enfrentamiento con la deriva autoritaria del chavismo llevó a esa oposición a ganar las elecciones parlamentarias de 2015 y desde entonces son mayoría en la Asamblea Nacional.

El discurso “antiimperalista” y de defensa a la soberanía, que ha alentado Maduro, se agotó con la profundización de la tragedia humanitaria de Venezuela. La mala gestión y el autoritarismo de la Revolución bolivariana son las causas del estado actual del país. Ni Estados Unidos ni los gobiernos de derecha de la región son los culpables de la catástrofe que es hoy Venezuela.

Estos días son cruciales para los demócratas del mundo. Como cuando millones de voces se unieron al llamado por el fin del racismo institucional en Suráfrica o por el fin del autoritarismo militar en Chile, ahora hay que presionar para que Maduro salga del poder. Este no es momento para pensar en términos de izquierda o derecha, de yanquis contra latinoamericanos: la situación exige pensar en términos de autoritarismo o democracia.

Las exigencias básicas del Grupo de Contacto Internacional, la instancia multilateral integrada por países europeos y de América Latina —no por Estados Unidos— deben ser los pasos a seguir: convocar elecciones libres, transparentes y supervisadas por organismos internacionales; cesar la ilegalización de partidos y la inhabilitación de candidatos; la liberación inmediata de los presos políticos; reconocer las atribuciones de la Asamblea Nacional, y permitir el acceso a la ayuda humanitaria internacional, que ahora está detenida en la frontera y obstaculizada por dos contenedores en el puente Las Tienditas.

La izquierda democrática en el mundo debe acompañar este esfuerzo y rechazar la simplificación del discurso que ve la situación de Venezuela como un asunto de derecha contra izquierda. Si el norte esencial de la izquierda es la justicia social, olvidarse de los venezolanos en penuria solo por contradecir el respaldo de Donald Trump significa dejar a un lado la justicia en nombre de la ideología. En Venezuela debemos desechar la visión binaria que ha justificado demasiado tiempo a una tiranía.