El asesinato de una peruana en Francia y los peligros de una ley sobre prostitución

Personas reunidas para rendir tributo a Vanesa Campos, una trabajadora sexual trans de 36 años que fue asesinada en París en agosto

PARÍS – El colectivo de trabajadoras sexuales trans que trabaja en el Bois de Boulogne, un parque arbolado en la parte oeste de París, tenían un grito de guerra para pedir auxilio: “¡Todas!”.

Era un grito de socorro con el que las trabajadoras sexuales latinoamericanas estaban bastante familiarizadas y que escucharon una noche de mediados de agosto en la que Vanesa Campos, una peruana de 36 años que trabajaba en la zona, recibió un disparo mortal cuando unos ladrones intentaron asaltar a su cliente.

“Morir así en un arbusto no es vida”, se lamentó Giuliana, una peruana de 38 años, quien solo proporcionó su nombre de pila por su seguridad. Ella y otras mujeres que trabajaban en el parque esa noche se apresuraron a ayudar a Campos, pero se vieron obligadas a retirarse cuando escucharon los disparos.

Para la mayoría de quienes son trabajadores sexuales en Francia, la muerte de Campos es prueba de los peligros cada vez mayores que enfrentan desde que el parlamento aprobó una ley en abril de 2016 en la que la responsabilidad legal ahora recae en quienes pagan por sexo en lugar de en quienes lo ofrecen. Sus clientes ahora enfrentan multas de hasta 1500 euros (unos 1750 dólares) y hasta el momento se han multado a casi 2800 personas, según el Ministerio del Interior.

La ley, que entró en vigor durante el gobierno del expresidente François Hollande, tenía la intención de desalentar la prostitución y aumentar la seguridad de quienes son trabajadores sexuales. En cambio, de acuerdo con muchos de ellos, eso ha incrementado el peligro considerablemente.

“Vanesa fue asesinada; el Estado es cómplice”, gritaron los manifestantes el 22 de septiembre en París, mientras rendían tributo a Campos.

 Una vigilia por Campos. Para muchos trabajadores sexuales en Francia, su muerte es prueba de la creciente violencia contra las prostitutas desde que el Parlamento aprobó una ley en 2016 en la que penalizan a sus clientes. 

“Ahora las chicas están obligadas a esconderse y a prometer a sus clientes que la policía no dará con ellos”, dijo Giovanna Rincón, una activista trans que dirige la organización Acceptess-Transgenres y quien fuera trabajadora sexual. “Actualmente, trabajan en lugares en los que nosotros, la vieja guardia que trabaja en el Bois de Boulogne, jamás habríamos puesto un pie”.

Hay aproximadamente treinta mil trabajadores sexuales en Francia, de acuerdo con cálculos del gobierno, y el 93 por ciento son extranjeros. Campos formaba parte de un subgrupo de trabajadoras sexuales transgénero latinoamericanas que creció en el Bois de Boulogne en los últimos dos años, y sus colegas afirman que el punto aislado en el que trabajaba la convirtió en un blanco fácil para un grupo de ladrones que las había atacado, a ellas y a sus clientes, en repetidas ocasiones.

En el caso de Campos, se ha acusado a cinco personas por los delitos de homicidio y robo.

Para algunas personas, su muerte evidenció la falta de atención que se presta a la violencia contra los trabajadores sexuales.

“La clase política sigue guardando silencio”, escribió Thierry Schaffauser, presidente de Strass, un sindicato de trabajadores sexuales en Francia, después del asesinato. “Nuestras muertes son normalizadas. Si alguien que se dedica a la prostitución muere, se le da a su caso la misma importancia que al asesinato de un personaje en un videojuego: ninguna”.

El 42 por ciento de los trabajadores sexuales en Francia afirma que ha estado expuesto a mucha más violencia desde que la ley de 2016 entró en vigor, de acuerdo con una encuesta realizada este año a 583 trabajadores sexuales bajo la dirección de Médecins du Monde y otras organizaciones de la sociedad civil.

“Tienen mucho menos control sobre sus condiciones de trabajo, puesto que la cantidad de clientes ha disminuido desde la entrada en vigor de la ley nueva”, comentaron los autores de un informe que resume los descubrimientos. “Los clientes se sienten con mayor derecho a imponer sus condiciones”, porque consideran que son ellos quienes cargan con la responsabilidad jurídica, afirmaron los autores.

“Nuestras muertes son normalizadas. Si alguien que se dedica a la prostitución muere, se le da a su caso la misma importancia que al asesinato de un personaje en un videojuego: ninguna”.

En la ciudad occidental de Nantes, los trabajadores sexuales encuestados para el reporte dijeron que ahora aceptan clientes que antes tenían en su lista negra, así como solicitudes de números telefónicos desconocidos. Algunos en la ciudad portuaria de Marsella afirman que han trabajado en la oscuridad de ductos de construcción para reducir las probabilidades de que sus clientes sean descubiertos. El 38 por ciento de los encuestados dijo que cada vez es más difícil exigir el uso del condón.

En 1999, Suecia se convirtió en el primer país en procesar penalmente a los clientes de trabajadores sexuales en lugar de procesar a quienes prestaban el servicio, un “modelo nórdico” que también ha sido adoptado en países como Canadá, Islandia, Irlanda y Noruega. Estas políticas, también llamadas leyes de “fin de la demanda”, pretenden ser una especie de punto medio en comparación con países como los Países Bajos y Nueva Zelanda, que han legalizado la comercialización del sexo, y los que penalizan tanto a los servidores sexuales como a sus clientes, como sucede en gran parte de Estados Unidos.

Schaffauser, del sindicato Strass, defiende la despenalización de la prostitución tanto para quienes solicitan el servicio como para quienes lo prestan, con el argumento de que hacerlo es la única manera de proteger a los sexoservidores de la violencia, la violación sexual y la trata.

 Una marcha en París en agosto para honrar a Campos. “Trabajan en lugares adonde nosotras, las de la vieja guardia que trabajamos en Bois de Boulogne, nunca iríamos”, dijo una activista.

Cinco trabajadores sexuales en Francia se han unido a nueve organizaciones, para solicitar a la mayor autoridad jurídica del país, el Consejo de Estado, que revise el carácter constitucional de la ley antiprostitución. Ellos argumentan que la medida infringe los derechos de los trabajadores sexuales, además de reducir sus ingresos y obligarlos a trabajar en condiciones y lugares más peligrosos.

Para quienes se oponen a la nueva ley en Francia, el resultado no les ha sorprendido. “Por la experiencia de otros países, sabíamos que los clientes iban a estar temerosos, que los trabajadores sexuales se enfrentarían a condiciones más difíciles, que tendrían que esconderse”, comentó Esther Benbassa, una senadora que se había opuesto a la ley.

“Por desgracia, esta prostituta peruana pagó un precio muy alto por eso”, dijo, refiriéndose al caso de Campos.

Claire Quidet, una portavoz de Mouvement du Nid, un grupo que busca terminar con la prostitución y que apoyó la ley desde el principio, no comparte el punto de vista de Benbassa. “La prostitución es una actividad peligrosa y violenta, y la ley acerca de la prostitución en Francia brinda herramientas de protección”, dijo. “De ninguna manera es la causa directa de mayor violencia”.

Después de la muerte de Campos, la ministra de Francia para la Equidad de Género, Marlène Schiappa, solicitó a dos organizaciones gubernamentales que investigan las maneras de reducir la violencia en contra de quienes son trabajadores sexuales.  En una breve declaración hecha en Twitter, condenó todas las formas de violencia sexual, pero no mencionó la ley.

Schiappa rechazó hacer comentarios.

Los simpatizantes de la ley argumentan que, al castigar la demanda, se reducirá la prostitución.

La medida también ofrece recursos para la capacitación de quienes deseen abandonar el negocio del comercio sexual y, en ciertas condiciones, los extranjeros indocumentados podrán recibir un permiso de residencia de seis meses. El gobierno esperaba poder ayudar a 600 trabajadores sexuales a ubicarse en otros sectores de trabajo para 2018, pero para la primavera pasada, solo se habían inscrito 55, de acuerdo con la oficina gubernamental para la equidad de género.

Algunos trabajadores sexuales afirman que el monto del pago, un estipendio mensual de 330 euros, es insuficiente para cubrir sus gastos básicos. El estudio de Médecins du Monde también reveló que el 61 por ciento de los trabajadores sexuales ni siquiera sabía de la existencia del programa y que, de aquellos que sí lo conocían, solo el 26 por ciento afirmó tener la intención de solicitarlo.

Para Schaffauser, las políticas de “fin de la demanda” que consideran a todos los trabajadores sexuales como víctimas empeoran la situación al mezclar la prostitución con el tráfico de personas. Aunque reconoce que muchos han sido obligados a dedicarse a la prostitución, asegura que muchos otros, incluyéndolo, solo quieren seguir trabajando.

“Las autoridades consideran erróneamente todo el trabajo sexual como una forma de violencia y se rehúsan a escuchar si no queremos abandonar la prostitución”, dijo en una entrevista. “Entretanto, la violencia existente en el mundo del trabajo sexual sigue aumentando y ellos afirman: ‘Miren, el trabajo sexual es violento’. Es un círculo vicioso”.

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