El juicio al Chapo es un juicio a la guerra contra las drogas

Después de su recaptura en Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera fue escoltado el 8 de enero de 2016 a Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO — Una fotografía icónica de 1993 muestra a unos policías colombianos que sonríen junto al cadáver de Pablo Escobar, a quien la revista Forbes había nombrado el narcotraficante más rico del mundo. La imagen fue tomada por Steve Murphy, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quien ayudó a ubicar al capo acusado de ordenar asesinatos masivos en su país. Mientras el suceso se celebraba en Bogotá y Washington, Lee Brown, el entonces zar antinarcóticos de Estados Unidos, dijo que el destino de Escobar debía “servir como ejemplo para las personas que trafican con la muerte y la miseria”.

Veinticinco años después, Joaquín Guzmán Loera —un nuevo supervillano conocido como el Chapo— se encuentra en una corte federal en Brooklyn, acusado de traficar tanta heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas en Estados Unidos que en dos décadas y media obtuvo una ganancia por 14.000 millones de dólares. La infamia de Guzmán, quien escapó de dos prisiones de máxima seguridad en México, lo ubica como uno de los traficantes más célebres de nuestro tiempo, junto con Escobar y Al Capone.

En los años entre la muerte de Escobar y el juicio de Guzmán, que comenzó esta semana, la guerra contra el narcotráfico continuó de manera torpe. Si se considera la captura de capos de la droga y la quema de toneladas de narcóticos, ha sido un éxito deslumbrante. En cambio, si se considera la reducción del número de estadounidenses que mueren por sobredosis o de latinoamericanos asesinados por las ganancias del contrabando de drogas, ha sido un fracaso rotundo.

La Alianza para la Política de Drogas calcula que la lucha contra el narcotráfico les cuesta a los contribuyentes estadounidenses 58.000 millones de dólares al año. Sin embargo, en 2017 se registraron 15.900 muertes por sobredosis de heroína, una cifra récord, así como un alto número de muertes por cocaína, metanfetaminas y fentanilo. En México, se calcula que la batalla entre los cárteles rivales de la droga y las distintas fuerzas de seguridad ha provocado la muerte de más de 119.000 personas en una década. Esa cifra es comparable con las muertes que han causado algunos de los peores conflictos armados en el mundo y es un fenómeno que ha desestabilizado muchas zonas del país.

La mayoría de los capos de la droga que son extraditados a Estados Unidos llegan a acuerdos. Sin embargo, Guzmán se declaró inocente, lo que obligó a los fiscales a presentar un caso en su contra, un juicio que durará meses. Llamarán a testigos, entre ellos sus colegas traficantes, para que expliquen cómo traficaba droga de maneras ingeniosas —como en latas de chiles jalapeños—, sobornaba a funcionarios mexicanos en todos los niveles y planeaba el asesinato brutal de sus enemigos.

Eduardo Balarezo, uno de los abogados defensores de Guzmán, me dijo que interrogará a los testigos y hará énfasis en los acuerdos a los que hayan llegado por testificar, y que cuestionará las tácticas de los agentes de la DEA. En el pasado, los agentes han sido criticados por hacer uso de informantes dudosos e interactuar con narcotraficantes.

Los fiscales podrían probar que Guzmán es culpable de crímenes atroces. Pero también es probable que enfaticen, sin querer, las décadas de fracasos en la guerra contra el narcotráfico y la masacre que ha provocado. También es posible que revelen algunas estrategias de la DEA y los recursos que se destinan a las fuerzas de seguridad mexicanas, que son corruptas. Ante los ojos del mundo, será difícil no preguntarse si el caso de Guzmán es en realidad un juicio a la guerra contra el narcotráfico.

Eso no quiere decir que Guzmán no merezca pasar toda la vida en prisión si el jurado lo declara culpable. Después de cubrir la violencia en México desde 2001, he visto cientos de cadáveres ensangrentados y he escuchado el sufrimiento de muchos de sus seres queridos, lo cual da un panorama del enorme costo de vidas humanas de esta guerra. También los agentes de la DEA arriesgan su vida para tratar de detener esta amenaza.

Sin embargo, que sentencien a Guzmán a una prisión de máxima seguridad no salvará a las familias de ambos lados de la frontera de más sobredosis y más violencia causada por las drogas. Las víctimas merecen algo mejor.

Idear una mejor política para combatir el narcotráfico es un desafío complicado, pero estamos ante una oportunidad histórica. Hace tan solo una década, muchos analistas dijeron que cualquier proyecto de legalización de las drogas era inconcebible. Pero el 6 de noviembre, Míchigan se convirtió en la décima entidad federativa de Estados Unidos en legalizar la marihuana para uso recreativo; Canadá ya la legalizó y México está empezando a adoptar una postura similar.

Quizás nunca queramos que haya tiendas que vendan heroína legalmente, pero, además de la legalización de drogas menos peligrosas, una iniciativa más efectiva podría ser rehabilitar a más adictos. Un estudio de 2015 reveló que casi el 80 por ciento de los estadounidenses que sufrían de un problema de consumo de opioides no estaban recibiendo tratamiento. Los tratamientos de metadona también pueden ayudar a algunos adictos y evitar que sigan financiando los asesinatos masivos al sur del río Bravo.

Una primera medida es reconocer que la política actual contra el narcotráfico está fracasando. Si sigue fallando, dentro de veinticinco años podríamos estar cubriendo un nuevo juicio contra otro capo y contando más historias sobre el dinero que proviene de las drogas, la corrupción de la policía y más cadáveres.

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