El rostro menos luminoso de Uruguay

MONTEVIDEO — Una novela ha causado furor en Río de la Plata. La uruguaya, de Pedro Mairal, ha vendido 35.000 ejemplares en la Argentina y los uruguayos, que ven en el libro un retrato cariñoso y realista de lo que pasa en su país, lo pasan de mano en mano. El escenario del libro es Uruguay, la segunda nación más pequeña del continente y la menos poblada, y el telón muestra una realidad que confirman los últimos estudios: en la llamada Suiza de América ha aumentado la violencia.

Según datos del Ministerio del Interior de Uruguay, el número de homicidios en el país creció un 66,4 por ciento en la primera mitad de 2018 con respecto al mismo periodo del año pasado. En números absolutos las cifras no son tan altas en comparación con otras regiones de América Latina, la región más violenta del mundo, pero la tasa en la que crecen los homicidios en Uruguay sí es preocupante, incluso para los estándares latinoamericanos. Mientras en el primer semestre de 2017 se registraron 131 homicidios en Uruguay, en el mismo periodo de 2018 fueron 218.

El estado de excepcionalidad uruguaya —un país laico desde hace un siglo en un continente predominantemente católico; un país que a contracorriente de sus vecinos legalizó el consumo y producción de marihuana en lugar de optar por la militarización de la guerra contra el narcotráfico; uno de los tres países latinoamericanos en los que el aborto es legal sin restricción— podría empezar a impregnarse de la violencia que recorre la región. La novela de Mairal plasma esa nueva realidad en la que Montevideo no es el paraíso tranquilo en medio de la vorágine económica y social del resto de América Latina.

Cuando Lucas Pereyra, el protagonista de La uruguaya, se levanta en Buenos Aires y se despide de su esposa e hijo, está lleno de ilusiones. Viaja al puerto, donde abordará un barco rumbo a Montevideo. Como muchos argentinos que temen la volatilidad del peso y viven enojados con la burocracia de sus bancos, Pereyra tiene una cuenta en Uruguay. Este día zarpa con la excusa de ir a buscar dólares de un pago desde el exterior en un banco del otro lado del río. Pero también lo anima la idea de reencontrarse con una joven uruguaya a la que había conocido. Al llegar a Montevideo, el personaje admira la semejanza de la capital uruguaya con Buenos Aires —pero sin los defectos de la ciudad porteña— y piensa en que Uruguay —en forma de una joven uruguaya— lo aliviará de su matrimonio sofocante. La ensoñación de Pereyra, sin embargo, se deshace cuando se encuentra con el lado violento de Montevideo, la otra ciudad más allá de la vista de los turistas.

Es insólito asociar Uruguay con la violencia, pero el aumento de homicidios será uno de los temas centrales en las elecciones presidenciales de 2019, que serán decisivas para Frente Amplio, la alianza izquierdista que ha estado en el poder desde 2005. Y se trata acaso del primer paso para que políticos y ciudadanos tomen medidas para no insertarse (aunque a escala uruguaya) en la alarmante epidemia de violencia que sacude a sus países vecinos.

El crecimiento de la violencia está relacionado al mayor enfrentamiento entre bandas del narcotráfico: según el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, alrededor del 45 por ciento de los homicidios fueron ajustes de cuentas por el control de territorio entre narcotraficantes. Uno de los responsables podría ser la ley de la marihuana, que desde 2013 reglamenta el cultivo del cannabis, y desde 2017 permite su venta, limitada y en dosis individual, en farmacias.

 Un trabajador de El Piso, un organismo en Montevideo registrado ante el gobierno para producir y distribuir cannabis de forma legal, riega las plantas de marihuana en junio de 2018.

Hasta hoy ha habido aspectos más positivos que negativos con la legalización de la marihuana: se redujo el mercado ilegal de la droga en un 25 por ciento y los usuarios registrados tienen garantizado el consumo de un producto de mejor calidad. También inauguró una alternativa no militarizada al problema del narcotráfico. Pero la medida no ha resultado pacífica. Se calcula que han pasado a la economía legal diez millones de dólares al año, un porcentaje considerable de los casi cuarenta millones de dólares que mueve en total el consumo de la marihuana al año en Uruguay. Para algunos analistas, esto ha provocado que la disputa entre los criminales por el control del mercado negro empezara a ser más cruenta.

La policía ha reclamado al gobierno la falta de inversión en seguridad. El director nacional de la Policía de Uruguay, Mario Layera, dijo que gracias a la falta de recursos para investigar los delitos el país podría transformarse en Guatemala o en El Salvador. Aunque la frase parezca exagerada, Uruguay —por su número de habitantes— ya está entre los países con mayor número de asesinatos por cada 100.000 habitantes en América Latina. Layera parecía dirigirse al presidente Tabaré Vázquez: si se aprobó la ley de marihuana, tendría que haberse aprobado también mayor presupuesto para prevenir y detener la violencia por las nuevas disputas.

El presidente Vázquez está en una posición incómoda. El líder socialista manifestó su inconformidad con la ley de la marihuana, aprobada durante la gestión de su predecesor, José Mujica. Pero cuando Vázquez tomó posesión de su segundo mandato presidencial, en 2015, ya había sido aprobada por el Congreso y la tuvo que poner en práctica, como ha hecho en estos tres años.

Sin embargo, la ley debía estar acompañada de otros mecanismos de soporte y complemento que no incorporó. El Estado no invirtió en programas de prevención y no dio suficientes instrumentos a las fuerzas de seguridad para contener los delitos. Tampoco mandó a hacer investigaciones que ayudaran a estudiar los efectos benéficos de una ampliación de la reglamentación ya existente y que podría permitir una legalización más ambiciosa de la marihuana y de otras drogas.

Aunque Vázquez no parece dispuesto a dar una pelea de esas dimensiones a un año de terminar su mandato, este tendría que ser su momento. Sin aspiraciones a ser presidente de nuevo, Vázquez no tiene nada que perder y mucho que ganar: ampliar la ley de la marihuana y darle presupuesto a la policía para frenar el aumento de violencia podría demostrar a toda América Latina que la medida para enfrentar la guerra contra las drogas no es una guerra, como parecen estar convencidas otras naciones, como México, Colombia, Brasil y Argentina.

En 2013, con la aprobación de la ley de la marihuana, Uruguay fue vanguardista. Pero hoy se le ve vacilante. Para que el experimento uruguayo de legalizar la marihuana funcione, Vázquez tiene que dar esta última batalla: reforzar la seguridad, atender los brotes de violencia con seriedad y abrir el camino parlamentario para extender la ley a otras drogas. Este es el momento del discreto médico que fue el primer político de izquierda electo como intendente de Montevideo. En su último año en la presidencia podría legarle a la región una alternativa eficaz y pacífica a la mano dura en el combate al crimen organizado.

Sería una pena que Vázquez deje trunca la ley de la marihuana, un proyecto legislativo que nació por el impulso de activistas y tuvo el apoyo de la sociedad científica y de amplios sectores de la sociedad. Si Vázquez se mantiene inmovilizado, se corre el riesgo de que el próximo presidente de Uruguay deseche esa alternativa y deje a la región con la única y sangrienta opción hasta ahora: combatir el narco con armas. En ese caso, como Lucas Pereyra, los latinoamericanos regresaremos de Uruguay con la triste certeza de haber perdido el último resquicio de excepcionalidad en una región convulsionada

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