Escenario

GABRIEL ARELLANO LÓPEZ

* Por una Xalapa segura
La tragedia ocurrida en un centro nocturno el fin de semana aquí en Xalapa, de pronto ha provocado muchas reacciones de diversos representantes sociales y gubernamentales, exhortando al esclarecimiento de estos hechos y a la adopción de medidas que impidan que Xalapa se vuelva tierra de nadie.
La sociedad xalapeña se ha enterado a través de las redes sociales de otros problemas de violencia suscitados en el mismo fin de semana y en otras fechas, incluso en pleno centro de la capital, sin que se registre la presencia de las fuerzas policiales en aras de imponer el orden y la paz.
No son pocos los comentarios preguntando sobre las fuertes inversiones que se han destinado de recursos públicos para mejorar nuestra policía, capacitándola y equipándola con moderno armamento y vehículos que nos encontramos rondando la ciudad, pero que no aparecen cuándo y dónde más se les necesita.
Ojalá que la tragedia ocurrida en La Madame sirva para que en Xalapa se apliquen los correctivos pertinentes que eficienten la vigilancia y la actuación de las fuerzas del orden y que capítulos como el de la madrugada del domingo no se repitan.
RESPONDE GOBIERNO A SEÑALAMIENTOS
A tono con los tiempos de guerra electoral que se viven en Veracruz, desde la capital del país enviaron un obús contra el gobierno estatal, en torno a presuntas desapariciones de cantidades millonarias de pesos en favor de empresas “fantasma”.
Al respecto, el Gobierno de Veracruz precisa que “todas las empresas con las que se trabaja se tienen que registrar en un padrón de proveedores y contratistas, el cual requiere documentación oficial como un acta constitutiva, alta en Hacienda (RFC), comprobante de domicilio de la empresa, estados financieros auditados del ejercicio inmediato anterior y currículum vitae, entre otras”.
Así, “todos los contratos se licitan conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Adquisiciones del Sector Público y afirma el gobierno estatal que las empresas mencionadas por dicho reportaje siguen activas, declarando impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); y en el momento de su contratación contaban con la documentación necesaria para participar en una licitación estatal”.
Además, se informa que “los servicios prestados por estas empresas cumplieron satisfactoriamente con las metas del contrato y el Gobierno del Estado pagó de manera puntual las obligaciones y que los bienes, productos y servicios contratados fueron debidamente aplicados en los programas correspondientes y existe soporte documental y fotográfico”.
Una fuente allegada al propio gobierno estatal, informó también que el mismo portal que publicó los señalamientos sobre presuntas desviaciones, se ha desdicho en torno a la “desaparición” de 645 millones de pesos entregados a empresas “fantasma”, admitiendo que “el reportaje no afirma que el Gobierno del Estado no haya pagado los contratos; tampoco menciona que el proveedor no haya entregado al gobierno lo contratado, sino que los beneficiarios para quienes iban dirigidos no los recibieron o no se entregó una constancia vía transparencia a Animal Político de ello, como se solicitó oportunamente”.
Así, se reitera que hasta el momento no existen señalamientos por parte de la Contraloría General del Estado o el Orfis sobre irregularidades o daño patrimonial, toda vez que cada una de las inconsistencias observadas han sido solventadas en tiempo y forma.
“La tesis del trabajo periodístico en el sentido que existen empresas que recibieron recursos públicos sin cumplir con el servicio o servicios correspondientes es absolutamente falsa”.
OTRA CASITA DE MIGUEL ANGEL YUNES
Como si fueran pocas todas las acusaciones que le han sido lanzadas durante las semanas recientes, ahora a Miguel Angel Yunes Linares ya se les descubrió otra casita, ésta con valor superior a 5 millones de pesos de acuerdo a prestigiada revista de la capital del país.
Se señala allí que esa propiedad, según documentos, la compró en 2007 junto con Sandra Alicia Ortega Rivas, su entonces colaboradora en el ISSSTE y quien trabajó con él desde que fue secretario de Gobierno de Veracruz, e incluso con quien sostuvo una relación extra marital muy conocida y ventilada públicamente.
Primero, el 1 de junio de 2007, Ortega Rivas, quien era delegada regional del ISSSTE en la zona norte de la capital de la República desde que Felipe Calderón designó a Yunes Linares director general de esa institución, contrató un crédito con el Grupo Financiero Banorte por 4 millones 192 mil 650 pesos, a pagar en 15 años, con una tasa de interés de 11.9% anual.
El crédito fue destinado a adquirir una residencia, de mil 60 metros cuadrados de terreno y 357 metros de construcción, ubicada en calle Privada de Tepeyahualco 8, en el Barrio Palmira, en una de las mejores zonas de Cuernavaca, Morelos.
Pero un mes después de formalizar la operación, el 10 de julio, el crédito fue liquidado a Banorte, por un total de 5 millones 101 mil pesos, según la boleta de pago 0647761 del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, firmando como acreditado Yunes Linares “casado, con domicilio en calle Serranía número 42, colonia Pedregal de San Ángel, delegación Coyoacán, México D.F., de paso por esta ciudad”.
La pregunta es ¿de dónde obtuvo Yunes Linares 5 millones de pesos para pagar un crédito de la residencia de su colaboradora si en su declaración patrimonial sólo declaró ingresos “netos” como director general del ISSSTE por 3 millones con 90 mil pesos, a razón de 250 mil mensuales, y tenía dos cuentas bancarias con 220 mil y 528 mil pesos?
Una más para el candidato de la alianza PAN-PRD.

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