La democracia de Guatemala, amenazada por su presidente

Jimmy Morales, presidente de Guatemala, durante un evento el 17 de septiembre

CIUDAD DE GUATEMALA — El presidente de Guatemala llevó al país hacia una crisis constitucional el 17 de septiembre, al ignorar una orden explícita del máximo tribunal del país al mismo tiempo que ponía a prueba los límites de la frágil democracia de la nación.

La corte ordenó que se debía permitir al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo anticorrupción respaldado por las Naciones Unidas, reingresar a Guatemala, con lo que revocó las órdenes del presidente Jimmy Morales.

No obstante, el gobierno se mantuvo firme el lunes y aseguró que no permitiría el regreso del comisionado, Iván Velásquez, un ciudadano colombiano; en cambio, el gobierno dijo que la ONU —que designó a Velásquez para supervisar la Cicig— debería elegir a otra persona para encabezar la comisión.

El anuncio no solo desafió el fallo unánime de la noche del domingo de la Corte de Constitucionalidad, también retó al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. En un reproche al gobierno guatemalteco, Guterres dijo a principios de septiembre que Velásquez permanecería como titular del panel aunque se le haya prohibido la entrada al país.

El origen de la crisis radica en una serie de investigaciones por corrupción, realizadas por la Cicig, que ha cimbrado la estructura del poder en Guatemala y ha enviado a la cárcel a políticos, empresarios e incluso a expresidentes.

Las investigaciones de la Cicig alguna vez fueron de utilidad para Morales: le ayudaron a desenterrar los delitos cometidos por su predecesor y contribuyeron a la sorpresiva victoria de Morales en 2015. Sin embargo, cuando una indagatoria sobre el financiamiento ilegal de campaña se centró directamente en Morales, declaró a Velásquez como persona non grata y prometió cerrar la comisión.

La gresca del lunes fue la culminación de más de un año de conflicto entre Velásquez y Morales. Al principio, el mandatario, cuyo hermano e hijo están en espera de ser juzgados por cargos de corrupción presentados por la comisión, trató de expulsar del país a Velásquez. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, el máximo órgano judicial del país, calificó la acción como ilegal.

Durante un tiempo, el asunto parecía estar resuelto. Sin embargo, Morales dijo el 31 de agosto que no renovaría el mandato de la comisión. Cuatro días después, el gobierno prohibió a Velásquez, quien ha encabezado la comisión desde 2013, regresar al país.

Para la mayoría de los expertos legales, esta es una violación al espíritu de la decisión anterior. De hecho, cuando la corte lo retomó la noche del domingo, dictaminó de manera unánime que cualquier intento de bloquear el ingreso al país del comisionado era ilegal.

No obstante, debido a que el fallo no menciona a Velásquez por su nombre, el gobierno decidió imponer su propia interpretación. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, fue enfático el lunes al declarar: “Es importante hacer la salvedad que el ciudadano colombiano Iván Velásquez Gómez no ingresará al territorio nacional”.

En cambio, Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores, dijo que Guatemala había solicitado a Guterres entregar en las siguientes 48 horas una lista de candidatos aceptables para remplazar a Velásquez.

Encuestas muestran que la Cicig goza de amplio apoyo entre los guatemaltecos. Como si subrayara su efectividad, la comisión —que trabaja en conjunto con la fiscala general de Guatemala para investigar casos de corrupción— anunció arrestos en dos casos de corrupción la semana pasada, incluido uno que involucra a un exalcalde de Quetzaltenango, una de las ciudades más grandes del país.

La campaña del gobierno contra Velásquez —al grado de desafiar a la corte— ha encendido focos rojos.

“Si se resisten a obedecer a la corte, entonces se trata de un golpe de Estado técnico”, dijo Karin Slowing, una analista independiente y columnista del periódico Prensa Libre. “Nos referimos a una ruptura que puede llevarnos en cualquier dirección”.

Si el Congreso, que es visiblemente hostil hacia la Cicig, apoya el desafío del gobierno a la corte, “las instituciones del país fracasarán”, dijo Slowing.

La última vez que un presidente desafió abiertamente a la Corte de Constitucionalidad fue en la década de los noventa; el conflicto solo se resolvió cuando el Ejército decidió actuar en nombre del Poder Judicial para hacer valer su decreto.

No queda claro qué ocurrirá esta vez. Morales es apoyado por un poderoso grupo de oficiales militares retirados; el apoyo de Estados Unidos a la Cicig ha disminuido en los últimos meses.

Al mismo tiempo, la presión pública ha sido un factor decisivo sobre este tema dentro de Guatemala. En 2015, cientos de miles de manifestantes salieron a las calles para denunciar públicamente la corrupción y el entonces presidente, Otto Pérez Molina, fue obligado a dejar el puesto y enfrentar cargos presentados por Velásquez.

Morales parece decidido a evitar el destino de su predecesor y ha demostrado estar dispuesto a poner al límite a la nación para ello.

La semana pasada, las protestas contra Morales crecieron en las zonas rurales, pero fueron más modestas en la capital, donde el gobierno desplegó a policías y soldados para controlar a las multitudes.

Slowing dijo que una razón para que la respuesta fuera menor en Ciudad de Guatemala es porque el sector privado, que finalmente apoyó las protestas en 2015, esta vez ha respaldado en gran medida al gobierno en contra de la Cicig.

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