Mar. Jul 16th, 2019

Las instalaciones de la Patrulla Fronteriza ponen en riesgo a detenidos con problemas médicos

Miles de migrantes cruzan cada día la frontera estadounidense, muchos después de jornadas agotadoras que los dejan heridos, enfermos o deshidratados; sin embargo, las instalaciones de la Patrulla Fronteriza carecen de recursos para ofrecer una atención médica adecuada.

 

Texas — Casi eran las nueve de la noche en una clínica improvisada para las personas migrantes en Texas, cerca de la frontera con México. Hacía horas que la clínica debía haber cerrado, pero los pacientes no paraban de llegar: un adolescente con fiebre y una herida maloliente en el pie. Un hombre con una lesión en la cabeza y los ojos rojos y relucientes. Niños con fiebre, tos y resfríos.

Más temprano ese día, una niñita llamada Nancy había llegado a la clínica con tos y escalofríos que la hacían estremecerse. Dijo que estuvo vomitando y le dolía la columna. Una asistente le tomó la temperatura. “Tiene 40, casi 40,5”, dijo.

Los migrantes que llegaron esa noche al centro operado por las Caridades Católicas en el valle del río Grande acababan de ser liberados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), después de haber sido capturados cerca de la frontera. Los recién llegados estuvieron en custodia de las autoridades federales hasta por 72 horas pero casi ninguno recibió atención médica. Para muchos, los médicos voluntarios en la clínica privada eran los primeros que vieron después de cruzar la frontera.

“Podría perder esa pierna”, le advirtió Martín Garza, un pediatra local que trabaja en la clínica cada dos fines de semana, al padre del adolescente con la herida en el pie y le entregó una dosis de antibióticos. “Lo limpié lo más que pude”.

Lauren J. Herbert, una pediatra voluntaria de Oregon, examina a una niña hondureña en una clínica en el Centro de Descanso Humanitario de las Caridades Católicas en McAllen, Texas.
Martín Garza, un pediatra local, con Elvin Portillo, de 17 años, que se lastimó el pie en Honduras

 Christine Heritage y Cathy McKay, voluntarias en la clínica de descanso de McAllen. Dichos centros ofrecen refugio a los migrantes durante una o dos noches después de ser liberados de la custodia de la Patrulla Fronteriza.

 

En la actualidad, un promedio de 2200 migrantes cruza a diario la frontera de Estados Unidos con México; muchos lo hacen después de jornadas agotadoras que les provocan heridas, enfermedades o en condiciones de deshidratación. Sin embargo, las instalaciones de la CBP a lo largo de la frontera carecen de espacio, personal y procedimientos suficientes para ofrecer algo más que cuidado básico de emergencia, una situación que ha llevado a peligrosos descuidos médicos.

Seis adultos murieron mientras estaban en custodia de la CBP durante el año fiscal que terminó en octubre, y al menos tres de ellos sufrieron una emergencia médica poco después de ser capturados. Otro, que tenía una enfermedad crónica seria, murió por complicaciones de salud el mes pasado. En diciembre, dos niños migrantes, Jakelin Caal Maquín, de 7 años, y Felipe Gómez Alonzo, de 8, murieron con tres semanas de diferencia después de presentar síntomas de enfermedad al haber estado retenidos y ser transportados por agentes de la Patrulla Fronteriza en Texas y Nuevo México.

Una revisión de The New York Times de los registros y decenas de entrevistas con migrantes, agentes, investigadores y trabajadores de salud indican que algunas de estas muertes no fueron anomalías, sino más bien síntomas de problemas arraigados que ponen en riesgo a los detenidos que presentan alguna condición médica.

En los centros de asistencia como el de McAllen, Texas, que acogen a los migrantes durante una noche o dos después de que son liberados de la custodia de la Patrulla Fronteriza, los médicos dicen que el cuidado que la agencia provee en ocasiones es tan pobre que han tenido que enviar a los recién llegados a las emergencias hospitalarias.

“No se les trata como si se valorara su salud y bienestar”, dijo Anna Landau, una médica familiar que trabaja como voluntaria en un refugio para migrantes de Catholic Community Services en Tucson, Arizona. “¿Cómo envías a gente que claramente está pasando dolor y sufrimiento, cómo es que solo los trasladas como si fueran otro número, en lugar de una persona de verdad?”.

Un grupo de migrantes centroamericanos se entregaron a agentes de la Patrulla Fronteriza después de cruzar la frontera cerca de Granjeno, Texas, el mes pasado.

En los próximos días se espera que la agencia anuncie cambios significativos relacionados con la atención médica de los migrantes, incluidas algunas políticas que requieren que los agentes de la Patrulla Fronteriza realicen entrevistas más minuciosas de cada migrante y que refieran a un proveedor médico a todos los que necesiten cuidados.

La agencia también está construyendo un nuevo centro de procesamiento en El Paso y añadirá 47 millones de dólares a un contrato privado destinado a los cuidados médicos para migrantes.

“Estamos haciendo todo lo que podemos para asegurar cuidado médico rápido cuando sea necesario” dijo en enero en la Casa Blanca la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. “Los hombres y mujeres de CBP y ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos] hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, pero no cuentan con las instalaciones, los recursos o la autoridad legal para mantenerse al día con esta crisis”.

La medida llega después de años de advertencias –tanto desde dentro como desde fuera del gobierno– que habían sido ignoradas por una agencia que concebía que su misión primaria era de seguridad: atrapar y deportar a quienes cruzaran la frontera de manera ilegal, pero no cuidarlos hasta que recuperaran la salud.

Algunos trabajadores del sector salud dicen que los agentes de la Patrulla Fronteriza priorizan el respeto a las leyes migratorias por encima de las necesidades urgentes de los migrantes. Los equipos de ambulancias cerca de la frontera dicen que a veces se topan con demoras en los puestos de control de la Patrulla Fronteriza.

En un caso sucedido hace unos cinco años, descrito al Times por dos personas que trabajaban con un equipo de respuesta médica en el condado Starr, en Texas, una mujer gravemente enferma fue llevada en auto a través del puente de México a Rio Grande City y puesta en una ambulancia de un hospital cercano. Un paramédico, Sergio Garza, empezó a ayudarle a respirar. Pero un empleado de CBP, dijo, abrió las puertas del vehículo y ordenó que la paciente fuera devuelta porque no tenía papeles para entrar a Estados Unidos.

Automovilistas esperan para ingresar a Estados Unidos en el lado mexicano del puente fronterizo Starr-Camargo cerca de Rio Grande City, Texas.

Garza y el director de su empresa de ambulancias protestaron sin éxito. A regañadientes, Garza transfirió a la paciente a una ambulancia mexicana que no tenía personal capacitado a bordo, según recuerdan él y el director. Garza dice que le mostró al esposo de la paciente cómo presionar la bolsa de oxígeno para intentar mantener a su esposa con vida mientras la conducían a un distante hospital en México. Murió en el camino, según dicen los trabajadores de emergencias.

Problemas persistentes

Durante al menos una década, los familiares y organizaciones de derechos han reportado descuidos en la atención médica para las personas en custodia de la CBP. Las quejas presentadas en los últimos años han incluido a una mujer que dio a luz de forma prematura y fue forzada a quedarse con el bebé en un “sucio cuarto de detención”; a un detenido a quien se le negó acceso a su medicina prescrita para el corazón, y a una mujer que tenía sangrado vaginal intenso después de un ataque sexual y a la que no se le proveyó ninguna atención médica.

El número de muertes aún es desconocido y tal vez no se llegue a saber —hasta diciembre a la agencia no se le requería revisar de manera independiente ni reportar públicamente las muertes relacionadas con problemas de salud que sucedían bajo su custodia—. Y las consecuencias de no atender las necesidades médicas urgentes a menudo emergen después de que los detenidos son transferidos a otra agencia, o liberados.

En 2015, la CBP respondió a algunas de las críticas y estableció lineamientos nacionales de transporte y detención. Sin embargo, estos estándares no son vinculantes –a la agencia no se le puede demandar por no seguirlos– y el tema del cuidado médico en detención cubre menos de una página.

Las detenciones deben ser breves, de 72 horas o menos, de acuerdo a los lineamientos. Pero, a menudo eso no se respeta. Felipe Gómez Alonzo, el niño que murió en diciembre con influenza, estaba en su sexto día de detención cuando fue llevado al hospital, según una línea de tiempo hecha por la agencia.

En algunos casos los agentes de la Patrulla Fronteriza trasladan a los migrantes enfermos para que los revisen en algún hospital, pero los problemas persisten cuando son llevados de regreso a las instalaciones atestadas y mal equipadas de la CBP.

Sonia Díaz-Castro, de 39 años, una solicitante de asilo de Honduras, se cayó de un muro fronterizo de casi 8 metros cuando entró a Estados Unidos el año pasado y las lesiones casi le impedían caminar, pues presentaba fracturas en la pelvis y el codo.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza en Nuevo México la llevaron dos veces a hospitales locales. En uno de ellos, los agentes le prometieron al médico tratante que le darían a Díaz-Castro una silla de ruedas y le asignarían a alguien para que le ayudara a moverse. No le facilitaron ninguna de estas cosas. A pesar de que apenas conseguía moverse, la dejaron sola en una celda de concreto. Cuando tenía que usar el sanitario, la obligaban a arrastrarse por el piso usando su brazo roto.

“Solo sentía que quería gritar. Lo único que podía hacer era llorar y cuando lo pienso todavía me dan ganas de llorar”, dijo Diaz-Castro sobre la experiencia.

El viaje a través de la custodia

En una tarde de inicios de febrero, las radios de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas registraban los reportes de “cuerpos”, es decir, personas cuyos cruces sin autorización de la frontera habían sido detectados por sensores de movimiento en el terreno y cámaras en postes y radares.

Los agentes respondieron mientras unas sesenta personas de Honduras, Guatemala, Ecuador y Nicaragua, entre ellas madres con niños y algunos menores solos, bajaban trabajosamente de las balsas después de cruzar el río Bravo. Con bolsas y bebés a cuestas treparon por un sendero lodoso que atravesaba arbustos espinosos, donde los esperaban los agentes en una brecha del muro fronterizo.

René Reyes, un agente de la Patrulla Fronteriza y paramédico los revisó en busca de “algo que atente contra la vida”, dijo.

Reyes se detuvo brevemente a preguntarle a los papás de un niño con un cicatrices quirúrgicas en la cabeza que llevaba una mascarilla que le cubría la nariz y la boca. Tenía una condición que hacía que se le acumulen fluidos en el cerebro pero parecía estable. “El chico parece estar bien”, concluyó Reyes. Su revisión general a todo el grupo duró menos de cinco minutos.

 René Reyes, un agente de la Patrulla Fronteriza y paramédico, evaluó las condiciones de salud de un grupo de solicitantes de asilo.

Un chico proveniente de Honduras con hidrocefalia, una condición que causa que demasiado fluido se concentre en el cerebro, formaba parte de un grupo de migrantes puesto bajo custodia en Penitas, Texas.

En su siguiente parada, los niños recibieron un chequeo medico más minucioso, en uno de dos centros temporales de detención, en un área industrial de McAllen. Dentro del mayor centro de procesamiento de migrantes de la agencia, un enrejado divide una amplia bodega con pisos de concreto en grupos de celdas que separan a los hombres de las mujeres y a los niños mayores de sus padres. El sitio fue abierto en 2014 específicamente para albergar a familias y menores que viajan solos. Cuando ese lugar está lleno, las familias son procesadas a unas cuadras de ahí, en un edificio más viejo con celdas cerradas como de prisión.

Esa tarde, los inspectores médicos enviaron a Victoria Medina, una niña de 6 meses, al hospital después de notar que tenía fiebre, tos severa y diarrea. Los trabajadores del hospital atendieron a la bebé y la enviaron de regreso a la CBP.

Esa noche la madre de Victoria, Mayte Medina, una mujer hondureña de 18 años, yacía en el piso de su fría celda de aislamiento bajo una delgada cubierta térmica de polietileno y apretaba a su bebé que tosía. La fiebre había retrocedido pero la diarrea continuaba. La botella de medicina que Medina traía para curarla había estado en su mochila, que le habían confiscado cuando fue detenida. “Les dije a todos, a todos los que la vieron”, dijo Medina. “Nunca le dieron nada”.

Medina tuvo un acceso relativamente sencillo al cuidado médico, en parte porque fue aprehendida en el corazón del valle del río Grande, la estación de paso migratorio con más tráfico en Estados Unidos. El año pasado más de 63.200 migrantes que viajaban en familia fueron detenidos ahí.

Mayte Medina, proveniente de Honduras, sostenía a su bebé, Victoria, mientras ella y otros eran puestos bajo custodia. Victoria estaba enferma, presentaba fiebre, tos y diarrea.

Las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en McAllen están entre las pocas del país que cuentan con un pequeño número de profesionales de salud de rango medio, como enfermeras o asistentes médicos. Mientras los funcionarios del gobierno analizan cómo podrían expandir la cobertura de servicios médicos, estos lugares han sido considerados como modelos potenciales.

Pero incluso en esos centros resulta frustrante proveer cuidados médicos en instalaciones donde las decisiones son controladas por autoridades de seguridad. Una exempleada de la salud que trabajaba para Loyal Source, un contratista en los sitios de McAllen, que no tenia permiso para declarar oficialmente, recordó varias ocasiones en las que alertó a los agentes de que un paciente necesitaba acudir a urgencias. Dos o tres horas después, dijo, el paciente seguía ahí.

Daniel Harrell, un supervisor de la Unidad de Trauma, Búsqueda y Rescate de la Patrulla Fronteriza, lleva a cabo una búsqueda cerca de Sullivan City, Texas.

Agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de Sullivan City, Texas

En una tarde reciente, decenas de migrantes fueron llevados a un albergue cerca de la frontera sur de California, operado por la Red de Respuesta Rápida de San Diego. Esperaban afuera, en filas cerca de tiendas blancas a la luz de reflectores conectados al rugido de un generador. Los trabajadores médicos los inspeccionaban en búsqueda de enfermedades contagiosas y otras condiciones.

 El equipo médico que rotaba diagnosticó muchas condiciones sin tratar que podían propagarse, entre ellos 362 casos de liendres, 113 casos de sarna, 22 posibles casos de influenza y 4 de varicela en los primeros dos meses de 2019. Los profesionales médicos trasladaron a 52 personas a urgencias.

 Voluntarios ayudaron con el procesamiento de recién llegados al refugio para migrantes de la Red de Respuesta Rápida de San Diego.
Un mapa en el refugio en San Diego, para que los niños marquen adónde van en Estados Unidos
Zapatos donados fueron organizados por voluntarios.

Un joven llamaba la atención esa tarde. Cojeó dolorosamente hasta la tienda en muletas. Un fijador de metal sobresalía de su pierna izquierda, envuelto en capas de gasa sangrienta. El único registro médico que una enfermera pudo ubicar entre sus pertenencias era una placa de rayos X que mostraba una fractura severa que había sufrido en su camino hacia Estados Unidos.

El hombre había sido sometido a cirugía en un hospital cercano y lo habían devuelto a detención la noche previa. Ahora estaba en el refugio. “Solo lo dejaron aquí”, dijo Kathy Fischer, médica de guardia, con un dejo de incredulidad en su voz. “Es una situación loca”.