Sab. Ago 24th, 2019

Líderes sindicales no podrán permanecer indefinidamente en el puesto: MORENA

Morena presento la propuesta a la reforma de la Ley Federal del Trabajo.

Se prevé crear el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral cuyo fin será el registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo a nivel federal y local.

 

La propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada por los integrantes de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional(MORENA) en la Cámara de Diputados, y que es impulsada por el Gobierno de México, contempla elementos que refrendan elección de dirigencias por voto libre y secreto, y que los lideres no permanezcan en el cargo por tiempo indefinido.

También prevé mecanismos y procedimientos de justicia laboral más ágiles. El planteamiento fue recibido el domingo 23 de diciembre pasado y se prevé que sea analizado en el siguiente periodo ordinario de sesiones, en febrero de 2019.

La iniciativa señala que su objetivo es garantizar el acceso a una justicia independiente e imparcial, así como el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores.

Se trata del diseño de un nuevo modelo laboral que hará del mercado de trabajo un factor de inclusión social, en lugar de generador de pobreza.

Implica, dice el texto, la revitalización de los sindicatos y la contratación colectiva como instrumento de construcción de consensos en el trabajo.

Añade que va de acuerdo a los compromisos recientemente asumidos por el país, a través del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados UnidosCanadá.

Establece el reconocimiento pleno a la democracia sindical y la libertad de negociación colectiva.

Prevé crear el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que será un organismo descentralizado autónomo inscrito en la Constitución, cuyo fin será el registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo a nivel federal y local.

Ese organismo tendrá plena autonomía de decisión y gestión. Su director o directora general serán designados por la Cámara de Senadores de una terna propuesta por el Presidente de la República.

A su Junta de Gobierno se sumarán el o la titular de la Secretaría del Trabajo (STPS); el o la titular de Hacienda (SHCP); el presidente delInstituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); el o la titular delInstituto Nacional de Transparencia (INAI); así como el titular del Instituto Nacional Electoral (INE).

Dicha instancia deberá ser cumplir compromisos establecidos en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se encargará de conciliar en los conflictos obreros patronales; y en el caso de los estados, esas tareas quedarán a cargo de los Centros de Conciliaciónlocales.

Contempla el procedimiento para el registro de sindicatos y acorta los plazos para la realización de ese trámite.

También amplia los elementos a contener en los estatutos sindicales, como el proceso de la elección de las directivas gremiales observando el factor de equidad de género, la integración de un padrón confiable de integrantes del sindicato; y en particular, que los directivas sindicales no pueden durar tiempo indefinido.

Prevé que la designación de los representantes obreros se llevará acabo a través de elecciones auténticas, para garantizar la libertad y eficacia del voto.

Armoniza la ley federal con las garantías y libertades esenciales vigentes en otros países desarrollados del mundo, y que incluyen la autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, y respeto a las libertades sindicales y sus garantías.

Refrenda el derecho de los trabajadores a organizarse libremente y a definir su forma de asociación.

Asimismo, prevé mecanismos de rendición de cuentas de las directivas sindicales, al igual que sanciones en caso de incumplimiento, a fin de inhibir la apropiación indebida del patrimonio de dichas organizaciones, el uso poco transparente de las cuotas y fianzas sindicales.

Lo anterior, a través de la publicación en internet, de todos los documentos correspondientes al expediente de registro de los gremios.

Indica que se obtendrá la Constancia de Representatividad mediante consulta previa a través del voto personal, libre y secreto de los trabajadores, como condición para acceder a la firma del contrato colectivo de trabajo.

Con ello se legitimara la contratación colectiva a los gremios de reciente creación y aquellos que ya estén conformados y registrados ante las juntas laborales.

Aunado a ello se establecerá una regla democrática novedosa que exige la revisión de los contratos cada cuatro años, a través del voto mayoritario del trabajador.

Añade que para obtener la constancia de representatividad, se requerirá de al menos el voto del 30 por ciento de los trabajadores asistentes a la votación.

En caso de existir dos sindicatos que soliciten la consulta, la Constancia se decidirá por aquel que obtenga el voto de la mayoría.

La solicitud de Consulta debe ir acompañada del emplazamiento a huelga que se promueve para obtener la firma de un contrato colectivo.

La reforma recalca que es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia.

Exime de agotar las instancias conciliatorias a trabajadoras víctimas de discriminación por embarazo y víctimas de trata laboral.

Establece expresamente que los estatutos sindicales, deberán contemplar que las directivas se conformarán proporcionalmente por razón de género, y en su elección observará ese mismo principio.

Contempla como medida precautoria que a petición fundada de una trabajadora embarazada, el juez debe requerir al patrón abstenerse de darla de baja de los servicios de seguridad social, en caso de despido.

El patrón deberá contemplar protocolos para prevenir la discriminación por razones de género, así como atención a casos de violencia y acoso sexual.

Cuando se reclame discriminación en el trabajo por embarazo, orientación sexual, género, tratar laboral, y trabajo infantil, se habrán de tomar las providencias necesarias para evitar la cancelación de los derechos fundamentales del trabajador, como el acceso a la Seguridad Social, en lo que se resuelve en los juicios laborales.

En cuanto a la justicia laboral, contempla que esta será impartida por órganos del Poder Judicial a nivel federal y local.

La instancia de conciliación será un requisito prejudicial a cargo de centros de conciliación especializados e imparciales que aplicaron procedimientos sencillos, de fácil acceso, que privilegien una solución amigable.

Es la etapa jurisdiccional prevé un procedimiento predominante mente oral, con una fase escrita y que deberá brindar a las partes involucradas economía, seguridad, transparencia, y agilidad procesal.

Los procesos de conciliación de conflictos laborales se llevarán a cabo ante funcionarios conciliadores especialistas en solución de conflictos y mediación, los cuales no podrán durar más de 45 días naturales, permitiendo que lleguen a tribunales sólo los casos en los que sea imposible un arreglo.

Los juicios laborales se llevarán a cabo conforme los principios de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad.

Los jueces involucrados contarán con mecanismos de control y rectoría que les permitan llevar una mejor conducción del juicio.

Puntualiza que con el nuevo procedimiento, se deja a un lado el paradigma del tripartismo como forma de integración y funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Los tribunales y centros de conciliación encargados de esos casos deberán contar con un buzón electrónico para recibir notificaciones ordinarias durante el procedimiento, cuidando el respeto a la garantía de audiencia.

Esto, para que los juicios no se prolonguen indefinidamente por la demora en las notificaciones, que estarán sujetas al uso de las tecnologías de la información para hacer los procedimiento más rápidos.

Contempla la videoconferencia como método alternativo para desahogar diligencias judiciales en materia laboral; para lo cual, los titulares de los órganos jurisdiccionales del país podrán utilizar la Red Privada Virtual con la que actualmente cuenta el Poder Judicial Federal.

Sobre la presentación de pruebas, se establece que se podrán ofrecer, preparar y desahogar desde el escrito de demanda y desde el escrito de contestación a la misma.

Añade que en el caso de pruebas periciales, el tribunal podrá asignar un perito o peritos oficiales, cuando las partes tengan que presentarlo, hacerse cargo de que rinda su dictamen o bien, cuando el trabajador no pueda pagar ese servicio.

Esto no limita el derecho a asesorarse de especialistas que se estimen pertinentes al momento de rendir pruebas periciales, y tampoco la posibilidad de interrogar al perito o peritos oficiales respecto a su dictamen.

Se modifican las reglas de prueba confesional, para que el juez y las partes pueden interrogar a quienes comparezcan en el juicio, a través de preguntas abiertas acotadas a la litis, lo que podría aportar mayores elementos de convicción, por encima de los formalismos procedimentales.

“Es por ello que la iniciativa permite que se puede interrogar libremente a quien comparezca a absolver posiciones circunscribiéndolo a que se refiera a hechos propios del absolvente y sean objeto del debate, siendo el juez quien decidirá sobre la procedencia de las preguntas que se formulen oralmente, sin menoscabo del derecho de que las partes puedan objetarlas”, dice el texto.

También establece la figura de la audiencia preliminar, para depurar el procedimiento en juicios laborales, así como para pronunciarse sobre la admisión de pruebas, y otras diligencias.

Dispone que la omisión del aviso de despido al trabajador hace presumir que el cese fue injustificado.

Como elemento novedoso, integra que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) deberá fijar los salarios mínimos profesionales de los trabajadores considerando el desgaste físico ocasionado por las condiciones de trabajo y los salarios y las prestaciones percibidas por los trabajadores de establecimientos y empresas dedicadas al ramo de la producción agrícola.