Mar. Jul 23rd, 2019

Los familiares de desaparecidos en Nuevo Laredo exigen respuestas tras alerta de la ONU

Una manifestación en Nuevo Laredo por personas desaparecidas entre febrero y mayo. Al centro, con una pancarta verde, está Jéssica Molina, quien exige conocer el paradero de su esposo

La ONU tiene “fuertes indicios” de que las fuerzas de seguridad mexicanas estuvieron involucradas en la desaparición de veintitrés personas en la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado norteño de Tamaulipas.

Veintiún hombres y dos mujeres fueron reportados desaparecidos de febrero a mediados de mayo, según el alto comisionado para los Derechos Humanos de la organización, Zeid Ra’ad al Hussein. Organizaciones locales de derechos humanos han documentado hasta cuarenta casos en el mismo periodo, según un comunicado.

“Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana”, dijo Zeid en el comunicado, en el que exhortó al gobierno mexicano a realizar una investigación a fondo. “Es particularmente terrible que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan solo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes”, dijo Zeid.

El gobierno mexicano respondió a las declaraciones de la ONU con la promesa de enviar a subsecretarios y subprocuradores especializados en derechos humanos y aseguró que se abrió una investigación.

En el comunicado, las dependencias de seguridad pública reiteraron “el compromiso irreductible” para “lograr el pleno esclarecimiento de estos hechos y la identificación de los responsables para que, sin tolerancia ni distingo alguno, enfrenten las sanciones que en derecho correspondan”.

Al ser consultada al respecto, la Marina —cuyas unidades están en el centro de algunas denuncias— refirieron al comunicado del gobierno. Familiares de las personas desaparecidas dijeron a la oficina de la ONU que estas fueron “detenidas por personal uniformado” y “miembros de una fuerza de seguridad federal” durante la madrugada o la noche “mientras caminaban o manejaban por carreteras”.

 Autoridades en las calles de Nuevo Laredo, en abril.

En entrevista, una de las familiares, Jéssica Molina, dijo que ella y su esposo, José Daniel Trejo García, estaban acostados en su hogar en Nuevo Laredo hace dos meses cuando “seis hombres en uniformes oficiales de la Marina” tumbaron su puerta. Molina dijo que no se identificaron, solamente indicaron que buscaban a alguien llamado Willie. Trejo García nunca ha usado un apodo o alias que estuviera relacionado, dijo Molina.

Los hombres se llevaron a Trejo García alrededor de la una de la mañana y ella no lo ha visto desde entonces. Dijo que lo sucedido fue captado por una cámara de seguridad de vecinos.

La Marina dijo que no podía hacer comentarios sobre investigaciones en curso.

Las sospechas de que oficiales del gobierno están detrás de las desapariciones de personas son comunes en México. El Ejército del país ha sido acusado de cometer violaciones de derechos humanos durante su papel de combate a la delincuencia organizada a lo largo de la última década.

El enojo sobre los vínculos gubernamentales con desapariciones forzadas ha sido particularmente grave desde 2014, después de que 43 estudiantes normalistas fueron detenidos por policías en el estado de Guerrero, vinculados a un grupo de narcotráfico y delincuencia, y después —según la llamada “verdad histórica”— incinerados (esto ha sido cuestionado por expertos).

Molina habla de la desaparición de su esposo, José Daniel Trejo García, durante una reunión con oficiales.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y quien ha trabajado en esa ciudad durante veintitrés años con apoyo de las familias de los desaparecidos, dijo sobre el gobierno: “Nos dicen que no son ellos, que son criminales que se visten como si fueran de la Marina”.

“No han comprobado que no son ellos”, añadió, en una entrevista telefónica el jueves. “En cuatro meses no han arrestado a nadie por hacerse pasar por una autoridad”.

Aunque la ONU ha documentado veintitrés desaparecidos, Ramos estima que la cifra se aproxima a 56, entre ellos dieciséis que fueron hallados muertos “por disparos en la nuca”. “Es una tasa alarmante”, acusó el comisionado.

Ramos añadió que en 2011 veinte personas también fueron registradas como desaparecidas después de detenciones por parte de las autoridades.

El gobierno mexicano prometió abrir una investigación y enviar a funcionarios encargados de temas de derechos humanos. 

El gobierno mexicano estima que unas 32.000 personas han desaparecido en el país desde 2006 y que muchos de los casos están vinculados a la delincuencia organizada. Las autoridades usualmente no dan información a los familiares, como sucedió con el caso de Molina y su esposo.

Después de que los oficiales uniformados se llevaron a Trejo García, dijo Molina, ella fue a hablar con los marinos. “Me dijeron que no habían arrestado a mi esposo”, dijo. “Que nunca lo presentaron”. Por eso lo reportó como desaparecido.

Después de unas semanas, ella y otros familiares de las personas recientemente desaparecidas en Nuevo Laredo se reunieron con un capitán de la Marina que revisa casos de derechos humanos.

“Nos oyó, nos escuchó y dijo que iba a investigar las desapariciones”, dijo Molina. Pero agregó que no se ha comunicado desde entonces.

“Nos tienen que dar respuesta, nos tienen que decir a dónde los tienen, porque se los llevaron”, dijo, con un sollozo en la voz. “Sabemos que sigue vivo”.