Mie. Oct 16th, 2019

Más de tres mil indígenas participan en el Plan Nacional de Desarrollo

Los asistentes acordaron que el Gobierno de México debe implementar acciones para erradicar la discriminación y fortalecer la autonomía.

 

Más de 3 mil 300 representantes indígenas y de comunidades afromexicanas de siete entidades, participaron en el Plan Nacional de Desarrollo cuyas consultas se realizaron en Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Sonora y Chiapas, respectivamente.

El proceso de consulta es realizado por el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Entre las propuestas realizadas se solicitó la capacitación en las comunidades para dar a conocer los derechos de los pueblos indígenas a fin de hacerlos valer; así como pertinencia cultural en las instituciones públicas que les atienden, a través de  traductores en lenguas indígenas.

También los participantes externaron la necesidad de fortalecer el uso de energías alternativas en las comunidades para beneficiar al medio ambiente; además de impulsar el desarrollo a través de la generación de empleos, el fomento a la economía indígena y  al turismo comunitario.

Entre las preocupaciones señalaron la exclusión histórica que han tenido los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en las políticas públicas del país, por lo que coincidieron en la necesidad de que se incorporen sus recomendaciones y propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Entre los acuerdos destacaron la necesidad de implementar las lenguas indígenas como materia de estudio en la educación básica, así como de nuevas tecnologías que fomenten el desarrollo de capacidades en las escuelas.

Los asistentes acordaron que el Gobierno de México debe implementar acciones para erradicar la discriminación y fortalecer la autonomía y libre determinación de los Pueblos Indígenas y Afromexicano; además, subrayaron que es preciso crear un nuevo modelo educativo integral, planteado desde las necesidades de los pueblos indígenas.

Además expusieron la necesidad de garantizar los derechos y seguridad social a jornaleros agrícolas; además de solicitar la protección a lugares ceremoniales, espacios naturales y especies animales en peligro.