México no debe hacer el trabajo sucio de Estados Unidos

El 19 de octubre de 2018, policías mexicanos le cerraron el paso a cientos de migrantes que querían cruzar la frontera entre México y Guatemala.

Una caravana de migrantes hondureños se dirige hacia el norte de México.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que suspendería la ayuda a Honduras si el gobierno de ese país no lograba disolver la caravana. El gobierno de Honduras no lo logró. Amenazó con cambiar drásticamente el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá si México no la detenía. Y México no lo hizo. También ordenó el despliegue de por lo menos 800 soldados del Ejército estadounidense para militarizar la frontera, aunque cuando envió a la Guardia Nacional en abril no tuvo mayor consecuencia.

La caravana inició su recorrido el 12 de octubre, cuando un grupo de hondureños salió de San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas del mundo. El 19 de octubre, cuando el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llegó a México, la violencia estalló en la frontera entre México y Guatemala: cientos de hondureños —principalmente mujeres y niños— que derribaron el cerco de la frontera para entrar al territorio mexicano fueron recibidos con gas lacrimógeno. Casi 7000 personas lograron ingresar a México.

Se reagruparon y continuaron su éxodo hacia el norte, escoltados por la policía federal mexicana y con la asistencia de personas que a lo largo del trayecto han repartido agua y medicamentos. Mientras tanto, se ha dicho que otras caravanas están en camino. ¿Esta crisis migratoria y diplomática tiene solución?

Tal vez no, pero al menos tiene una explicación que surge de otra pregunta. ¿Por qué, después de tantas amenazas y aspavientos, el presidente Trump aceptó una versión tan diluida del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), conocido ahora como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)?

Nadie lo sabe con seguridad. Al estar involucrado muy de cerca con las relaciones internacionales —como académico y funcionario público— durante casi cuarenta años, puedo ofrecer una conjetura informada: Estados Unidos cedió en la mayoría de sus demandas comerciales a cambio del compromiso confidencial de México de hacer el trabajo sucio de Washington en contra de futuros inmigrantes y refugiados. Por supuesto, esto es mera especulación y la evidencia es totalmente circunstancial.

Sin embargo, sé por experiencia que ambos países, por diversas razones, siempre han tratado de mantener los distintos temas de su agenda bilateral separados, sin permitir que se mezclen. Así es como debería ser en un mundo ideal. Pero no con Trump. Las tradiciones burocráticas estadounidenses, con las que México contó históricamente para mantener la estabilidad y la sensatez de la relación, se han anulado. Hoy, la inmigración y el comercio están estrechamente vinculados, al menos en la mente del presidente de Estados Unidos. En parte, en esa interrelación yace el origen de la crisis de la caravana. No se trata solo de las promesas electorales de Trump.

En septiembre, México, Canadá y Estados Unidos llegaron finalmente a un acuerdo: el TCLAN se actualizó y de inmediato recibió un cambio de imagen; Donald Trump le puso un nombre nuevo, en buena medida porque en su contenido no hay mucha novedad. El presidente estadounidense consiguió mucho menos de lo que quería originalmente.

Sus metas iniciales —reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México y regresar empleos de la industria automotriz a Estados Unidos— tienen pocas probabilidades de materializarse en el futuro próximo, o incluso solo de materializarse. Trump accedió a un acuerdo muy limitado en comparación con sus ambiciones y, en campaña, casi nunca se refiere a él como uno de sus triunfos más importantes.

De hecho, parece probable que el objetivo final de Trump fuera obtener cooperación mexicana en materia de seguridad en la frontera y en frenar la inmigración centroamericana. Así lo tuiteó: “Como presidente, el ataque a nuestra frontera sur, lo que incluye a los delincuentes y las drogas que están entrando, es mucho más importante que el comercio o el T-MEC. Espero que México detenga esta estampida en su frontera norte”. Hasta ahora no ha sucedido, ni debería ocurrir.

Trump mismo mencionó esta cooperación bilateral como parte del acuerdo comercial. El 1 de octubre, cuando le preguntaron si había hablado con México sobre el muro y la seguridad fronteriza en el contexto del nuevo acuerdo, lo dijo de manera explícita: “Fue una parte importante. Y se lograron ciertas cosas y ciertos entendimientos. Al mismo tiempo, no queremos mezclar demasiado las cosas. Este es un acuerdo muy grande y muy bueno para todos. Sin embargo, la seguridad fronteriza y la seguridad en general son un factor muy importante”.

Probablemente se estaba refiriendo a las dos peticiones que Estados Unidos le hizo a México y que en las últimas semanas se han dado a conocer en la prensa estadounidense. Son ominosas para México e innobles para Estados Unidos.

El primer reclamo de Washington es que el presidente mexicano saliente, Enrique Peña Nieto, firme lo que se conoce como un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos. Esto haría que México procese las solicitudes de asilo localmente y permita a las autoridades estadounidenses negar las solicitudes de asilo a Estados Unidos por considerar a México como un “tercer país seguro”. Con la violencia en México en el nivel más alto registrado en décadas y los cientos de centroamericanos asesinados en su territorio en años recientes, es difícil entender que Washington certifique así al país; mucho más que México la acepte. Hasta ahora, Peña Nieto ha resistido esa presión y la caravana avanza libremente por el país.

Sin embargo, es posible suponer que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá menos margen de maniobra que su predecesor, en especial si esta exigencia fue una condición previa para aprobar el T-MEC. Trump ha dicho que los miembros de la caravana hondureña primero deben solicitar asilo en México sin que exista el sustento legal para hacerlo. No hay razón para que México proceda de esta manera, excepto si se deja presionar por Estados Unidos.

La segunda petición, y la más importante, es una que ha permanecido vigente desde 2014, cuando Barack Obama era presidente. Washington, ahora más que nunca, ha intentado que México cierre la frontera sur en la medida de lo posible; en pocas palabras: que el país haga el trabajo sucio de Estados Unidos. Peña Nieto lo ha cumplido a regañadientes, pero el costo para México está aumentando y pronto él dejará de será presidente.

Por ello, es razonable suponer que el gobierno de Trump condicionó la aceptación de un nuevo tratado comercial diluido a la aceptación de México de una mayor cooperación —o complicidad— con Estados Unidos para evitar que refugiados centroamericanos, migrantes económicos o una combinación de ambos lleguen a la frontera estadounidense.

Esto fue lo que Pompeo dijo en México: se debe evitar que los hondureños lleguen a la frontera con Estados Unidos. Por su parte, López Obrador ha insinuado que no mantendrá esta política. Dado que hemos coincidido en la escena política desde hace más de treinta años, pienso que es posible que —si no le queda otra opción, al haber aceptado el intercambio T-MEC/inmigración— pueda ceder a la presión estadounidense, a pesar de su disgusto y negativas actuales. López Obrador ha depositado demasiado peso en el T-MEC como fuente de estabilidad económica como para poner en riesgo su gobierno por los refugiados de Centroamérica. Pero deportar a miles de centroamericanos o reubicarlos por la fuerza en campos de refugiados sería intolerable para sus seguidores.

Sin duda hay mucha distracción electoral en esta crisis y la jactancia de Trump en los temas migratorios ha carecido de significado en otros momentos. A pesar de ello, estas presiones diplomáticas, sumadas al aumento de las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos, no son un buen augurio para ninguno de los dos países. Este enfoque es nocivo para México e indigno de Estados Unidos.

La visita relámpago de Pompeo a Ciudad de México confirmó lo que se sabe desde hace meses. La inmigración encabeza la agenda de Trump con México y otros países; pero se trata de un planteamiento perjudicial para México, América Central y el propio Estados Unidos. El nuevo gobierno en México, una posible mayoría demócrata en la Cámara de Representantes en Estados Unidos y los cientos de miles de refugiados hondureños, salvadoreños y guatemaltecos deberían saberlo. Juntos tendrán la responsabilidad de diseñar una respuesta efectiva y práctica. Pero principalmente humanitaria.

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