PGR tiene en la mira a 12 exgobernadores


Una docena de exgobernadores está en la mira de la Procuraduría General de la República, acusados, casi todos, de delitos del orden local y federal, como abuso de autoridad, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y ejercicio indebido del servicio público.

La lista la componen Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Jorge Herrera Caldera, de Durango; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León; y Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvalcaba, de Tamaulipas.

De estos, por Duarte de Ochoa la PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos, y Herrera Caldera se amparó para evitar una posible detención, luego de la denuncia que hizo en su contra el gobierno de José Rosas Aispuro. Duarte Jáquez y Borge Angulo, mantienen comunicación continua con personal de la PGR para ver si hay orden de aprehensión en su contra.

A Medina de la Cruz, se le sigue armando un voluminoso expediente por el delito de ejercicio ilegal de funciones, que se castiga con 12 años de prisión, aunque libró las demandas por peculado y delitos contra el patrimonio. Ilegalmente, brindó exenciones de impuestos y benefició a una armadora de automóviles, entre otras cosas.

Los tamaulipecos Hernández Flores y Yarrington Ruvalcaba, andan a salto de mata, e, incluso, son buscados por la justicia norteamericana. Al segundo, en 2014 le fue negado un amparo y la Interpol emitió la ficha roja para localizarlo y detenerlo. Entre las acusaciones en su contra está el de delitos contra la salud, en su modalidad de colaboración con el crimen organizado.

Eugenio Hernández, por su parte, fue acusado formalmentre en Estados Unidos de lavado de dinero. La acusación la dio a conocer oficialmente el fiscal Kenneth Magdison, y en ella estableció que el exgobernador conspiró para “lavar instrumentos monetarios”.

Otro de los exgobernadores que estaba en la mira es el sonorense, Guillermo Padrés Elías, quien se entregó ante el juez , fue detenido junto con su hijo y ayer mismo fue trasladado al Reclusorio Preventivo Sur, con la posibilidad, en breve, de ser enviado a un penal de máxima seguridad, como ocurrió con su familiar.

Quien también enfrenta denuncias en su contra en la PGR es el actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, a quien apenas hace un par de meses el Partido Acción Nacional lo acusó de un desvió de 160 millones de pesos del erario estatal hacia empresas fantasmas. Maestros lo acusaron de robrles 400 millones de sus pensiones.

El hermano de Rubén, Humberto Moreira Valdés, ocasionó por igual un multimillonario quebranto a ese estado cuando fue gobernador. En su momento, senadores del PAN encabezados por Luis Fernando Salazar presentaron una denuncia de hechos ante la PGR por la probable comisión de los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable, encubrimiento y peculado.

El común denominador de estos exfuncionarios públicos es el robo que hicieron a las arcas de sus respectivas entidades, el desvío de recursos federales en su beneficio, la creación de empresas fantasmas para canalizarles dinero público, dejar en bancarrota a sus estados y heredar a sus sucesores multimillonarias deudas.