Prestanombres de Duarte tenía como socio a un importante empresario gasolinero del país

La Secretaría de Hacienda y la PGR detectaron a una empresa en la que Moisés Mansur Cysneiros, considerado el principal prestanombres de Javier Duarte, tenía como socio a William Jorge Karam Kassab, un importante empresario gasolinero del País.

Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda documenta que Mansur y Karam se hicieron socios desde hace 5 años, al constituir en el Estado de México la empresa Servicios Profesionales Jura S.A. de C.V.

Conforme a las escrituras, la empresa fue constituida el 1 de agosto de 2011 ante el notario 33 de esa entidad, registrándose 50 por ciento de las acciones a nombre de Comercializadora Magistral y el otro 50 por ciento a Corporativo BJMAN.

Según el documento de la UIF, la primera empresa estaba representada en ese momento por William Karam Kassab, y la otra por Mansur Cysneiros, ambos en su calidad de presidentes del Consejo de Administración de sus respectivas compañías.

Karam es dueño de Hidrosina, uno de los grandes grupos gasolineros en México y que posee alrededor de 200 estaciones de servicio en varios estados.

Desde la constitución de Servicios Profesionales Jura, Mansur fue designado como presidente de Servicios Profesionales Jura y Karam como vicepresidente.

También nombraron como comisario a Javier Nava Soria, un contador ahora prófugo de la justicia por su presunta participación en la red de lavado de dinero de Javier Duarte, como apoderado de empresas fantasma.

Según el reporte de la UIF, a René Curiel Rodríguez y a Álvaro Larrondo se les otorgaron poderes generales para pleitos y cobranzas, administrar bienes, ejercer actos de dominio y funciones de administración en la empresa de Mansur y Karam.

También se otorgaron poderes generales a Enrique Perea Romero, Jorge Luis Lara, Celia Elizarrarás García y Sammia del Consuelo Vázquez, limitado a ser ejercido exclusivamente para lo relacionado con cualquier trámite fiscal.
Más pistas

Conforme a la documentación a la que se tuvo acceso, éste no fue el único negocio gasolinero en el que pretendía incursionar Mansur.

El 7 de mayo de 2012, ante la misma notaría, se constituyó Hidromezclas S.A. de C.V., con 20 acciones propiedad de Mansur y 80 de Corporativo Sosose, representada por José Juan Janeiro Rodríguez, el supuesto cerebro financiero de Javier Duarte.

Mansur fue designado presidente y Janeiro vicepresidente del Consejo de Administración, mientras que Javier Osornio Rodríguez obtuvo el nombramiento de comisario. El contador Nava Soria también aparece en esta otra empresa con poderes para pleitos y cobranzas.

Alfonso Ortega López, un abogado fiscalista que confesó ser prestanombres del Gobernador veracruzano con licencia, declaró a la PGR que una parte del dinero desviado por Duarte se destinó para la adquisición de gasolineras de Grupo Hidrosina.

No precisó una cantidad, sólo dijo de que el dinero salió de Majafin, sociedad financiera de objeto múltiple constituida supuestamente por prestanombres de Duarte, y se trianguló vía la compañía Xixa.

Oculta Veracruz crisis en informe

Los problemas financieros y de corrupción que vive el estado de Veracruz no fueron incluidos en el sexto y último Informe de Gobierno de Javier Duarte, que fue presentado al Congreso por el Mandatario interino, Flavino Ríos.

Aunque cuenta con un apartado de Transparencia y Combate a la Corrupción, el documento no hace referencia a las indagatorias o revisiones sobre los presuntos desvíos realizados en la Administración local que derivaron ya en ordenes de aprehensión contra varios funcionarios, incluido el Gobernador con licencia.

La Contraloría General incluso reconoció que, de 2014 a 2015, se redujo el número de despachos externos y de auditorías practicadas al ejercicio de los recursos.

Según el informe, para revisar las cuentas de 2014, el Gobierno contrató 43 despachos para realizar 75 auditorías externas.
Sin embargo, para 2015, sólo se contrató a 36 despachos, que llevaron a cabo sólo 57 revisiones a las finanzas, es decir, 28 menos que el año anterior.

En el informe, la Contraloría General presumió que gracias a sus acciones se logró reducir la discrecionalidad de los servidores públicos “que propiciaba desorden e ilegalidad” en un marco de renovación de la administración pública estatal.

Se afirma que se fortaleció la función fiscalizadora preventiva encaminada a combatir la corrupción y mejorar la gestión pública.
Reporta que las acciones enfocaron en la consolidación del sistema estatal de control y evaluación en la administración pública, a través de revisiones y auditorías con énfasis en la prevención.

También sostiene que se dio seguimiento las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

En el documento incluso presume sobre la construcción de 73 códigos de conducta para dependencias y entidades locales.

Detalla que en el último año se hicieron 180 procedimientos disciplinarios administrativos por el incumplimiento de obligaciones legales, por los que emitió 330 resoluciones, de las cuales 247 fueron absolutorias y sólo 83 ameritaron una sanción.

Sin embargo, los castigos fueron sólo 61 amonestaciones y 22 funcionarios inhabilitados.

 

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