Propondrá Diputado que incendios forestales provocados sean delito grave

El diputado Juan Eduardo Robles Castellanos afirmó que se deben castigar con cárcel, pues generan daños ambientales que en ocasiones son irreversibles

Xalapa, Ver.

En Veracruz, la gran mayoría de los incendios forestales son provocados y se deben incluir en el Código Penal del Estado como un delito grave, que se castigue con cárcel, pues generan daños ambientales que en ocasiones son irreversibles, manifestó el diputado local Juan Eduardo Robles Castellanos.

De acuerdo con el Legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quemar el monte para obtener tierras de cultivo no es una justificación válida, pues muchas veces el fuego se sale de control, daña la flora y la fauna y pone en riesgo la vida de seres humanos.

Anunció que en breve presentará una Iniciativa de Reforma en la materia: “Vamos también por los predios y superficies forestales. Estamos analizando las penas que podrían aplicarse, pero es evidente que deben ser muy severas, porque las sanciones administrativas sirven de poco. La gente actúa cuando, además de pegarle a su bolsillo, se aplica un castigo penal”.

Juan Eduardo Robles consideró que las campañas de reforestación puestas en marcha por el estado y la federación han servido mucho, pero es necesario reconocer que la deforestación o pérdida de zonas boscosas es grave: “Hay que tomar medidas más estrictas, y por ello es necesario reformar el Código Penal de Veracruz y la Ley Protección Ambiental”.

Recordó que en este momento se analiza en comisiones otro proyecto legislativo de su autoría, que de aprobarse sancionaría la quema a cielo abierto de neumáticos, plásticos o cualquier otro material contaminante de desecho, con prisión de uno a seis años y multas de 300 a 500 días de salario mínimo.

La quema de llantas se realiza para generar calor en la fabricación de ladrillos o en la extracción de cobre –continuó–, y el humo resultante genera daños a la salud pública y a los ecosistemas de la entidad: “La idea es poner freno a las personas físicas y morales que persisten en la comisión de delitos ambientales”.

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