Proponen diputados definir “Empleado de Confianza” en la legislación estatal

Xalapa, Ver. Para un manejo responsable y correcto de las finanzas públicas y ante el complejo escenario por el que transita la economía del Estado, la diputada María del Rosario Guzmán Avilés a nombre del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa que reforma las Leyes Estatal del Servicio Civil de Veracruz y la del Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada del Estado a fin de regresar el contenido de estas leyes para definir a los empleados de confianza.

Durante la tercera sesión ordinaria, del primer año de labores, la legisladora propuso esta modificación, la cual –indicó- no pretende violentar los derechos humanos del trabajador, toda vez que la propia ley antes de la reforma que pretendía basificar masivamente a los empleados de confianza les garantizaba la permanencia en el puesto bajo ciertas condiciones.

La propuesta legislativa define a los trabajadores de confianza al servicio del poder ejecutivo y de los ayuntamientos, dado que dicha leyes también tiene aplicación en los municipios del Estado.

Define a empleados de confianza a los titulares de las distintas Dependencias o los responsables de las unidades u órganos en la estructura administrativa de las entidades públicas, hasta el nivel de jefe de sección o su equivalente.

Incluye también a los que en entidades públicas realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoría, planeación, supervisión, control directo de adquisiciones, responsables de los almacenes e inventarios, investigación, investigación científica, asesoría o consultoría.

La iniciativa considera como empleados de confianza a Subdirectores-as de área; Jefes-as de Departamento; Jefe-as de Oficina y los homólogos de los puestos a que hacen referencia la ley.

Esta propuesta –expuso la legisladora- está fundamentada en el decreto que aprobó el Congreso del Estado el 7 de julio de este año y publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 14 de julio de 2016, misma que transgreden las disposiciones en materia de viabilidad financiera.

La reforma aprobada en esa fecha por los entonces diputados tenía por objeto basificar a los servidores públicos de nivel subdirector y Jefe de Departamento y niveles abajo y derogar del catalogo de puestos sujetos a las evaluaciones de carrera.

El documento detalla las inconsistencias de la reforma aprobada el 7 de julio, entre las que destacan la ausencia del dictamen de impacto presupuestal; aunado a las imprecisiones que contiene, como cláusulas abiertas para la asignación de las plazas.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen correspondiente.

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