Sab. Dic 14th, 2019

Secuestro, violación y tentativa de asesinato a manos de la Patrulla Fronteriza

Las cicatrices en las manos y muñecas de M. G.

Texas — Ella recuerda que el agente de la Patrulla Fronteriza estaba calmado mientras la ató a un árbol y le puso cinta aislante sobre la boca. No dijo casi nada.

Ella tenía 14 años y era una joven migrante que apenas había cruzado el río Bravo, ilegalmente, junto con una amiga adolescente y la madre de esta, originarias de Honduras. Esperaban rendirse ante la Patrulla Fronteriza para poder quedarse en Estados Unidos.

Pero el agente, Esteban Manzanares, no las llevó a las oficinas para ser procesadas. Las condujo a una zona boscosa y aislada a veinticinco kilómetros de la ciudad fronteriza de McAllen, en Texas, donde abusó sexualmente de la amiga y su madres, a quienes atacó con vileza: les torció el cuello, les cortó las muñecas y las dejó desangrándose entre los arbustos. Luego llevó a la joven de 14 años hacia el árbol.

“Solo le pedía que nos dijera por qué lo estaba haciendo”, recordó. “¿Por qué yo? Solo decía que había estado pensándolo desde hace días. Que había pensado hacerlo durante días”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que administra a la Patrulla Fronteriza, es la agencia de aplicación de la ley más grande de Estados Unidos; tiene casi el doble del personal del FBI. A lo largo de los años algunos oficiales han caído en la tentación y han participado en el tráfico de millones de dólares de narcóticos, armas e incluso personas por la frontera suroeste de ese país.

Pero el avance en las cortes de la demanda civil resultante del ataque contra las mujeres en McAllen, perpetrado en marzo de 2014, ha arrojado luz sobre una corrupción mucho más siniestra. En los últimos cuatro años por lo menos diez personas en el sur de Texas han sido víctimas de homicidio, tentativa de asesinato o violación a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza, a decir de funcionarios y fiscales.

En abril el agente Ronald Anthony Burgos Avilés, de 29 años y parte del sector de Laredo, fue acusado por apuñalar a muerte a su novia y a su hijo de 1 año. En septiembre, otro agente del mismo sector, Juan David Ortiz, de 35 años, admitió que durante doce días de furia consecutivos disparó a muerte a cuatro mujeres que trabajaban como prostitutas y que intentó secuestrar a una quinta persona.

Como resultado de la demanda civil presentada por las mujeres atacadas por Manzanares, la Patrulla Fronteriza ha tenido que rendir cuentas sobre su proceso de contratación, su sistema para intentar identificar a agentes peligrosos y sobre si hay una supervisión suficiente de los oficiales.

En testimonios jurados y en otros documentos presentados por el caso, además de las entrevistas que las tres mujeres dieron a The New York Times, se puede avistar una situación que de otro modo quizá habría pasado inadvertida. Manzanares nunca fue enjuiciado porque se suicidó con un tiro en cuanto los investigadores federales tuvieron conocimiento de lo que había hecho.

N. C. frente a las oficinas de su abogada, en Virginia 

Los críticos de la Patrulla Fronteriza dicen que la naturaleza del trabajo encomendado a los agentes —tratar con personas vulnerables y con poco poder que usualmente están solas en las fronteras del país— significa que es fácil para los oficiales problemáticos realizar crímenes sin que se sepa.

Manzanares, padre de dos, no había tenido problemas disciplinarios en sus seis años con la agencia, a la cual se enlistó en 2008 después de un periodo con el ejército en Afganistán y otro como guardia en el Departamento del Alguacil del condado de Hidalgo. No obstante, de acuerdo con los documentos en la corte, ya había indicios de pedofilia. Uno de los temas que argumenta la demanda es que la Patrulla Fronteriza debería haber realizado revisiones de sus empleados para que esa situación saliera a la luz.

A finales de 2013 y principios de 2014, Manzanares estaba en el proceso de divorciarse y vivía en un departamento en la ciudad fronteriza de Mission, con dos perros. Los vecinos mencionan que no conversaba mucho.

Puede que sus actos de ese día de marzo no hubieran sido descubiertos si no es que la mujer que dejó moribunda, la madre de una de las adolescentes, se topó con otro agente de la CBP cuando salió, ensangrentada y aterrorizada, de entre los arbustos.

Ella le dijo al oficial que el hombre responsable “estaba vestido igual” que él.

‘Intenté mantenerme fuerte’

La mujer, M. G., aún tiene problemas para dormir (las tres mujeres, entrevistadas en enero, pidieron ser identificadas solamente según sus iniciales). Tiene pesadillas con que el agente va contra ella y, cuando despierta, siente dolor en las cicatrices que tiene en las muñecas; cortes azarosos y dentados.

“Anoche volví a soñarlo, empieza desde que cruzamos el río”, dijo. “Cada vez que sueño con eso lo vuelvo a vivir. A veces desearía bloquear mi mente y pensar que no sucedió, pero sí pasó”.

“Le rogaba que me matara a mí pero no a mi hija, y ella estaba gritando y diciendo: ‘Ven por mí, no lastimes a mi mamá’”.

Las tres mujeres, originarias del mismo poblado al norte de Honduras, habían cruzado el río Bravo juntas esa mañana a bordo de un barco de contrabandistas. Llevaban apenas unos minutos en el camino terroso del otro lado cuando Manzanares llegó en su vehículo de la Patrulla Fronteriza.

“Lo vi y primero pensé: ‘Gracias, Dios’”, recordó M. G.

Pero empezó a tener un presentimiento extraño cuando vio la manera en la que estaba respirando el hombre mientras ellas estaban en la banca en la parte trasera del vehículo.

“Intenté mantenerme fuerte”, dijo.

Manzanares se detuvo varias veces. J. E., la joven que fue atada al árbol, recordó que él les pidió que se arrodillaran para ponerles ataduras de plástico en las muñecas. En una de las últimas paradas, N. C., la hija de M. G., solo alcanzó a ver que el agente arrastraba a su madre hacia el bosque.

“Estaba llorando y pidiéndole que la dejara”, dijo N. C., quien ahora tiene 18 años.

M. G., quien ahora tiene 40, recuerda los gritos de su hija. “Le rogaba que me matara a mí pero no a mi hija, y ella estaba gritando y diciendo: ‘Ven por mí, no lastimes a mi mamá’”.

Manzanares tiró a M. G. antes de torcerle el cuello y lacerar sus muñecas. “Sentía que estaba perdiendo el conocimiento, pero con cada grito de mi hija me aferraba”, dijo M. G.

El agente regresó al vehículo y arrastró a N. C. hacia el bosque, donde también le torció el cuello, abusó sexualmente de ella, le tomó fotografías y le cortó las muñecas antes de cubrirla con arbustos y tierra; ella se hizo pasar por muerta.

J. E., originaria de Honduras, ahora tiene 18 años.

Manzanares entonces se subió de nuevo al auto y manejó con J. E. a una zona arbolada el final de un campo. Dijo que ella intentó prepararse para lo que le iba a suceder manteniendo su mente en blanco, “como si no pasara nada”.

No se sabe cuántas horas estuvo amarrada al árbol. De acuerdo con las entrevistas con las víctimas y los documentos de la corte, Manzanares regresó a la estación de la Patrulla Fronteriza hasta el final de su turno y salió justo antes de las 18:00. Se quitó el uniforme y regresó a donde estaba J. E. en el árbol. La desató y la llevó a su departamento. J. E. recuerda que ella todavía tenía cinta sobre la boca cuando la cargó sobre el hombro hasta la puerta; en el camino, según la joven, hizo contacto visual con una mujer que estaba en el complejo habitacional.

“No hizo nada”, dijo J. E. “¿Por qué no hizo nada?”.

Para entonces, los agentes del FBI y los policías de Mission ya habían identificado al agente gracias al reporte de M. G. y estaban cerca.

Poco antes de la una de la mañana, J. E. escuchó que tocaban a la puerta del departamento de Manzanares… y luego un disparo. Los oficiales forzaron la puerta para abrirla, la desataron y le dieron una cobija en lo que la llevaban a una ambulancia.

El disparo que escuchó antes de la puerta fue que Manzanares se dio un tiro con una pistola de calibre 40 mientras estaba sentado en su comedor. En la mesa los funcionarios encontraron una nota de suicidio de dos páginas de largo. “Perdón por lo que he hecho”, escribió, al explicar que había tenido problemas desde su regreso de Afganistán. “Soy un monstruo”.

Los protocolos

Las tres mujeres ahora viven bastante lejos de la frontera del sur de Texas, en el sureste de Virginia. Las tres recibieron visas U, las que se otorgan a víctimas de abuso sexual y otros crímenes violentos.

Los oficiales de la CBP dijeron en un comunicado que no podían hacer comentarios sobre la demanda, pero que se toman en serio las acusaciones de mala conducta de sus agentes. “CBP tiene un personal de hombres y mujeres dedicados que están entre los mejores servidores públicos del mundo, que realizan sus labores con un verdadero profesionalismo, eficiencia, honor y distinción”, indica el comunicado. “CBP actúa de manera apropiada y decisiva para atender cualquier falta de conducta”.

Pero los oficiales de la agencia revelaron en sus respuestas a la demanda civil que no hay un protocolo para supervisar a los agentes en el campo, tampoco una política que requiera que los supervisores contacten a los oficiales durante un turno.

Manzanares incluso condujo su vehículo, con las víctimas a bordo, a la estación de la patrulla en McAllen, pero nadie le hizo preguntas sobre sus movimientos en ese momento. Ninguno de sus superiores intentó averiguar por qué no había respondido a las varias alertas de actividad sospechosa de ese día en la zona que revisaba.

Los funcionarios defendieron las revisiones de antecedentes que se les hacen a agentes como Manzanares. En los documentos de la corte, dijeron que dos investigaciones de Manzanares —una de 2007 hecha antes de que empezara a trabajar como agente y otra en 2013— no habían arrojado resultados. Fue contratado antes de que se estableciera un requisito para que todos los contratados hicieran pruebas de polígrafo; ahí muy posiblemente habría salido a la luz que Manzanares tenía tendencias pedófilas.

Ahora la Patrulla Fronteriza enfrenta cuestionamientos similares respecto al caso de Ortiz, el agente que admitió haber asesinado a cuatro mujeres. Las autoridades aún investigan si utilizó armas y equipo del gobierno para los feminicidios y si sus supervisores habían notado un cambio de comportamiento.

“Estos individuos que se supone deben proteger eran depredadores”, dijo Christine Poarch, la abogada que defiende a las tres víctimas de Manzanares. “Y fueron depredadores de poblaciones de por sí vulnerables”.