Un escándalo fiscal desangra a Sudáfrica

PRETORIA, Sudáfrica – El encargado de los impuestos en Sudáfrica se armaba de valor. Amonestar y suplicar al presidente Jacob Zuma para que presentara sus impuestos —ya no se diga pagar la totalidad de ellos— era siempre una tarea desgastante.

Y cada vez era peor. Uno de los hijos del presidente, un sobrino e incontables aliados comerciales tenían también serios problemas fiscales, según dijeron cuatro exfuncionarios de alto nivel, lo que alarmó a los investigadores y los dejó preguntándose qué hacer.

La joven democracia de Sudáfrica había dependido de la buena fe —y los impuestos— de su pueblo desde el final del apartheid, así que los riesgos eran evidentes. Si el líder del Congreso Nacional Africano (ANC), sus parientes y sus influyentes socios podían evadir sus obligaciones fiscales, el resto del país también podría eludirlas, lo que causaría estragos en la capacidad del gobierno para funcionar en el nivel más básico.

El comisionado fiscal, Ivan Pillay, dijo que trató de ser discreto, por ello visitó al presidente varias veces entre 2012 y 2014 para invitarlo a cumplir con sus obligaciones.

“Si me estoy interponiendo, solo dígamelo y me iré”, dijo Pillay en una entrevista inusual en la que recordó sus conversaciones con Zuma. “No me gustará, pero lo haré. Soy un miembro disciplinado del ANC”.

Zuma objetaba, insistiendo en que no había necesidad de que renunciara, dijo Pillay. En vez de ello, el presidente lidió él mismo con la situación unos cuantos meses después: remplazó abruptamente a Pillay con una persona leal a él que llevó a cabo una arrasadora purga en la agencia tributaria, dando pie a un ardiente escándalo nacional que amenaza a Sudáfrica de maneras inesperadas.

Mediante un bombardeo de noticias falsas y aseveraciones manipuladas por parte de una de las agencias de auditoría más importantes del mundo, KPMG, Zuma logró boicotear el escrutinio a sus propios impuestos, los asuntos de su familia y las finanzas de sus aliados, de acuerdo con Pillay y otros tres exfuncionarios fiscales de alto nivel que confirmaron su relato.

Luego, el presidente y sus aliados fueron aún más lejos. Usaron la agitación en la agencia tributaria para hacerse de un mayor control del erario y se enriquecieron todavía más con un enorme costo para el país, de acuerdo con funcionarios gubernamentales que ahora intentan reparar el daño.

La agencia tributaria nacional alguna vez fue un éxito extraordinario, incluso para el partido que ayudó a vencer al apartheid. Solo unos cuantos años después de haber ayudado a abrir paso a la democracia, el ANC pasó de luchar por la liberación a los trabajos mundanos de gobernar y convenció a millones de sudafricanos de hacer lo inimaginable: pagar sus impuestos.

Como un indicador del apoyo al novato gobierno, la recaudación fiscal aumentaba año tras año, y en cierto momento superó algunos estándares de democracias mucho más ricas y bien establecidas, incluyendo a Estados Unidos. La combativa agencia, el Servicio de Impuestos de Sudáfrica, se ganó el aplauso del Banco Mundial, la Universidad de Princeton y otros selectos rincones del mundo.

“Era la joya de la corona del Estado”, dijo Dennis Davis, un juez del Tribunal Superior que dirigió una revisión reciente del sistema fiscal y participó en un pánel a mediados de la década de los noventa para ayudar a Nelson Mandela a establecer la agencia tributaria.

“Lo que ha ocurrido después”, añadió, “es una historia verdaderamente triste”.

 Jacob Zuma, saludando, logró impedir las investigaciones sobre sus impuestos, los asuntos de su familia y las finanzas de sus aliados con la ayuda de KPMG, aseguran exfuncionarios. 

La versión sudafricana del servicio de recaudación de impuestos es quizá un entorno improbable para una saga nacional que involucra a espías, amantes desdeñados, burdeles secretos, agentes dobles y uno de los más grandes escándalos periodísticos de la era posterior al apartheid.

Sin embargo, la historia muestra cómo un ANC cada vez más corrupto ha minado su propio éxito y ha traicionado a la misma gente que lo llevó al poder.

El drama está lejos de haber terminado. En la Sudáfrica actual —que pende precariamente de facciones contrarias al interior del ANC— el nuevo presidente del país, Cyril Ramaphosa, batalla para afirmar su autoridad y cumplir con su promesa de terminar con la corrupción. Ahora está profundamente ocupado en una caótica lucha para eliminar de la agencia tributaria el legado de su antecesor, Zuma, y ganar de nuevo la confianza de una nación enojada.

Con la corrupción y la guerra política consumiendo a la agencia, cada vez más sudafricanos simplemente están dejando de pagar impuestos, una acción peligrosa en un país donde decenas de millones dependen de los servicios gubernamentales, debilitados por la corrupción y los malos manejos. En la opinión de muchos expertos, la capacidad del gobierno —y del país— de corregirse está en riesgo.

El desmantelamiento de la agencia tributaria se dio ante la vista de la asombrada nación, lo que socavó en tal medida la menguante confianza del pueblo, que ahora los funcionarios se preguntan cómo podrán restaurarla.

Una vez que Zuma quitó del cargo de comisionado a Pillay a finales de 2014, puso en él a un aliado que había sido cercano al presidente y su familia durante décadas. Casi de inmediato, comenzaron a fluir filtraciones explosivas del interior de la agencia tributaria, poniendo sal y pimienta a las páginas de un importante diario sudafricano.

Los artículos sostenían que Pillay había aprobado la creación de una “unidad rebelde” ilegal que había plantado micrófonos ocultos en el hogar de Zuma para interceptar sus conversaciones.

Las noticias se volvieron más picantes cada semana: se había pagado un soborno a un exjefe de espías de la era del apartheid para que guardara silencio sobre el espionaje ilegal. La unidad rebelde incluso había establecido un burdel como fachada, afirmaban los reporteros.

Conforme surgían los impactantes detalles, el nuevo comisionado fiscal de Zuma, Tom Moyane, pidió a KPMG investigar y le dio un contrato de casi 2 millones de dólares para descubrir la verdad. Un año después, KPMG presentó sus resultados, que confirmaban abusos de poder generalizados.

El problema es que no está claro si algo de ello es cierto.

El periódico, The Sunday Times, se retractó más tarde de esos artículos; también se obligó a KPMG a desestimar públicamente sus propias conclusiones y a admitir que básicamente había copiado un memorando de los abogados de su cliente y había presentado los alegatos como si fueran sus propios hallazgos de una investigación completa.

“Quien paga a los músicos toca el son, desafortunadamente”, dijo Bobby Johnston, expresidente de la Bolsa de Johannesburgo, que forma parte de un pánel que investiga a KPMG.

Las retracciones llegaron demasiado tarde para la agencia tributaria. Pillay y los líderes de la llamada unidad rebelde habían renunciado o habían sido obligados a irse, lo que redujo la capacidad de la agencia para investigar y perseguir a los evasores de impuestos, de acuerdo con funcionarios actuales y expertos fiscales independientes.

 Ivan Pillay, a la izquierda, un excomisionado fiscal sudafricano, y Johann van Loggerenberg, un exfuncionario fiscal. A medida que los funcionarios fiscales renunciaron, la capacidad de la agencia para perseguir a los evasores fue socavada. 

Aún más dañino fue que las historias sensacionalistas de corrupción e intrigas en el interior de lo que alguna vez fue un aparador de la buena gestión por parte del ANC contribuyeron a la caída brusca de la recaudación fiscal: de 6000 millones de dólares por debajo de lo que el gobierno había esperado en los dos años presupuestales anteriores.

Los déficits han dejado al país con menos recursos para abordar sus necesidades más apremiantes —vivienda, educación, salud—, en una sociedad con una desigualdad cada vez mayor bajo el ANC.

Además, en un agudo golpe en contra de los empobrecidos sudafricanos que votaron para que el partido llegara al poder y que lo han mantenido ahí durante décadas, los déficits han forzado al gobierno a elevar el impuesto al valor agregado de algunos productos por primera vez desde el fin del apartheid, una medida que seguramente a quienes más dañará será a los pobres.

KPMG enfrenta dos investigaciones en Sudáfrica y hace unas cuantas semanas el auditor general del país dio fin a todos los contratos con la firma.

El destino de la agencia tributaria sigue en el aire. “La tragedia es que el Servicio de Impuestos de Sudáfrica era una institución de clase mundial”, dijo Ismail Momoniat, el subdirector general de Hacienda para las políticas fiscales y del sector financiero.

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