Mie. May 22nd, 2019

Un tango argentino: una expresidenta, dos familiares de Macri y un empresario en prisión

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner en noviembre de 2018.

 

BUENOS AIRES — Uno de los estudiosos más importantes de la corrupción, Robert Klitgaard, ideó una estrategia eficaz para combatirla: “Freír unos cuantos peces grandes”. Esto es, investigar y procesar a algunos personajes muy visibles del país en cuestión. Hay, sin embargo, una condición indispensable para hacerlo: “Dado que demasiado a menudo las campañas anticorrupción se convierten en campañas contra la oposición, los primeros peces grandes deberían ser del partido en el poder”.

Justo cuando comienza 2019, la Argentina tiene esa posibilidad: el empresario más influyente, una ex presidenta y el hermano y el padre del actual mandatario podrían ir a prisión por el mismo caso de corrupción: los cuadernos que de febrero de 2005 a octubre de 2015 escribió un chofer del Ministerio de Planificación Federal con detalles de los sobornos que pagaron empresarios y cobraron funcionarios.

En cuestión de semanas, Paolo Rocca, el accionista principal de Techint —la sociedad tenedora más poderosa de la Argentina— fue procesado por el presunto pago de sobornos a funcionarios kirchneristas; la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada como supuesta líder de una asociación ilícita montada para delinquir, y el padre y el hermano del presidente Mauricio Macri, Franco y Gianfranco, fueron convocados a tribunales, acusados también de pagar sobornos a otros funcionarios del gobierno anterior.

Por primera vez en nuestra historia, el poder real, tanto político como empresarial, comenzó a desfilar por los tribunales. Es un avance importante: parecería que la Argentina está decidida a freír a sus peces grandes (la referente de la oposición y dos familiares del presidente). Pero para que esta investigación sea en verdad un punto de inflexión definitivo en la titubeante lucha contra la corrupción en el país, al menos uno de los cuatro —Rocca, los Macri o Fernández de Kirchner— debe ser procesado y ejemplarmente encarcelado. Solo así, como recomienda Klitgaard, la justicia argentina daría un paso irreversible para erradicar el fenómeno.

Que esto ocurra, sin embargo, es difícil.

Por el lado de los empresarios, será complicado porque el juez federal a cargo de la investigación, Claudio Bonadio, en los últimos dos años ha procesado a numerosos empresarios pero no los detuvo, se hayan acogido o no a la figura del “imputado colaborador” —que le permite al “arrepentido” mejorar su situación en tribunales si confiesa lo que sabe—. Es una diferencia vital con el abordaje del juez Sergio Moro en Brasil, cuando encarceló a Marcelo Odebrecht —el empresario más poderoso de ese país—por su papel en la operación Lava Jato. En la Argentina, por el contrario, Bonadio procesó a Rocca, pero lo dejó en libertad.

Por el lado de la ex presidenta, será difícil que quede detenida en el corto plazo porque en la Argentina existe una política (tácita) de Estado acordada por peronistas y radicales desde hace décadas que impone que ningún ex jefe de Estado vaya a prisión sin una condena firme. Eso explica por qué Carlos Menem sigue libre, aunque arrastra una condena que la Corte Suprema de Justicia debe definir. Y eso explica por qué Fernández de Kirchner, aunque ya está procesada, también sigue en libertad y con fueros como senadora.

La situación de los Macri sigue la misma senda sinuosa. Un exfuncionario kirchnerista devenido “arrepentido”, Claudio Uberti, confesó que recaudó 150.000 dólares de cada empresa concesionaria de distintas autopistas en la Argentina. Entre ellas, Autopistas del Sol (Ausol), en la que la sociedad tenedora de los Macri contaba con una participación accionaria, aunque muy menor. Ese es el argumento central de la defensa de Gianfranco Macri, el hermano del presidente.

Sin embargo, otra empresa del clan familiar, la constructora Iecsa, fue incluida por el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner —quien también se acogió al régimen del “arrepentido”— entre las empresas que se cartelizaron en el “club de la obra pública” a través de sobornos a los funcionarios kirchneristas.

¿Alguno de los Macri participó en los encuentros delictivos de ese “club”? La justicia debe definirlo. Pero el hecho de que los Macri estén siendo investigados, complica los argumentos de la defensa legal de la ex presidenta, que ha sostenido que las pesquisas en su contra no son más que una persecución política del gobierno actual disfrazada de investigación judicial. Por eso, el Poder Judicial debe avanzar por la senda trazada por el maestro Klitgaard: “Los primeros peces grandes deberían ser del partido en el poder”.

Si la justicia somete a los Macri y otros empresarios cercanos al poder actual a una pesquisa minuciosa, despolitizarían de una vez por todas el combate contra la corrupción, reducirían las suspicacias sobre su labor y ganarían legitimidad para avanzar contra los corruptos, ya sean empresarios o políticos y se apelliden Kirchner o Macri.

El juez Bonadio debe ir a fondo en su investigación, citar a nuevos empresarios, convocar a los “arrepentidos” que no dieron toda la información en tribunales y decomisar el dinero derivado de actos de corrupción. En este punto, el juez y los fiscales avanzan por terrenos inexplorados hasta ahora en la justicia argentina y todavía es posible que alguna instancia superior, como la Cámara Federal de Casación Penal, termine por anular parte o toda la investigación por algún error de procedimiento. Pero Bonadio tiene que seguir y diseñar estrategias para proteger su investigación, perfeccionar sobre la marcha la aplicación de la figura del “arrepentimiento” y las condiciones de negociación con un acusado.

Justo ahora el juez y los fiscales comienzan a mostrar divisiones sobre cómo avanzar, cuándo y contra quiénes, mientras afrontan un bloque integrado por funcionarios, empresarios y políticos que quieren detenerlos como sea. Si Bonadio y los fiscales del caso —Carlos Stornelli y Carlos Rívolo— no aprenden de Brasil —donde Moro y los fiscales liderados por el procurador del Ministerio Público Federal de Brasil cerraron filas y avanzaron juntos—, la investigación basada en los cuadernos de las coimas, se perderá la gran oportunidad de la Argentina de sentar un precedente inapelable en la cruzada contra la corrupción.

El Poder Judicial argentino no ha tenido legitimidad históricamente porque ha funcionado como una caja de resonancia del bando político en el poder. Por eso, con una Kirchner, un Rocca y dos Macri en la mira, la Justicia argentina afronta un momento quizás irrepetible para ganar la legitimidad necesaria para detener a quienes roban dinero público. Debe demostrar que la investigación basada en los cuadernos no es una persecución política del mandatario en turno en contra de sus opositores. Si la lucha contra la corrupción en la Argentina es real, se debe dar un golpe de espectacularidad y llevar a prisión a estos peces, de todos los bandos políticos.