Una farsa electoral en Nicaragua

MANAGUA, Nicaragua — Unos meses antes de la reelección del general Anastasio Somoza Debayle en 1974, mi padre, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, suscribió un manifiesto con 26 líderes opositores proclamando que en Nicaragua “No hay por quién votar”. En la víspera de la elección, su periódico, La Prensa, se adelantó a los resultados y tituló con sorna: “Estos ganaron mañana”, detallando incluso los escaños para diputados que serían asignados al partido Conservador, colaboracionista, de acuerdo al sistema pactado de “minorías congeladas” que le aseguraba un tercio de los cargos públicos.

El 10 de enero de 1978, mi padre fue asesinado por sicarios de la dictadura somocista. Su muerte desató una inmensa ola de protesta nacional, simbolizando que al cerrarse el espacio político, al país no le quedaba otra alternativa que la rebelión para terminar con una dictadura dinástica.

Casi cuatro décadas después, habiendo Nicaragua recorrido un tortuoso ciclo de revolución y contrarrevolución, guerra civil y agresión externa, transición democrática y regresión autoritaria, la historia se repite como farsa bajo el régimen de Daniel Ortega, el ex guerrillero presidente entre 1985 y 1990 que regresó al poder en 2007.

En las elecciones del domingo, Ortega concurrirá a su segunda reelección consecutiva con su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidente. Habrá votaciones pero la palabra “elección” no describe el resultado. Bajo un sistema electoral férreamente controlado por su partido el Frente Sandinista, las votaciones se efectuarán sin observación electoral independiente y sin oposición, porque la coalición organizada en torno a la segunda fuerza política del país fue ilegalizada en un acto de fuerza y excluida de participar en los comicios.

Emulando a “los veintisiete” de la época de Somoza, nuevamente surgen grupos de protesta ciudadana proclamando que no hay “por qué, ni por quién votar”. Como en 1974 hay otros partidos, pero han sido cooptados o participan en las elecciones con candidatos ficticios o a quien nadie conoce —“zancudos”, los llamamos los nicaragüenses— que están ahí solo por el incentivo económico. El resultado son unos comicios que más bien se asemejan al ritual de un régimen de partido hegemónico.

El único interrogante a despejar es el porcentaje que obtendrá el voto protesta reflejado en la abstención, único competidor real del régimen, pero aún este dato político será imposible de conocer con certeza en un sistema electoral sin ninguna transparencia. La última encuesta de la firma Cid Gallup, basada en un simulacro de votación, proyecta ganador a Ortega con una intención de votos del 52%, mientras el 42% de los electores dejarían la boleta en blanco. Sin embargo, desafiando esta tendencia, el presidente del Consejo Supremo Electoral ya vaticinó que estas elecciones tendrán “un nivel histórico de participación”, por encima del 75 por ciento de votantes.

Irónicamente, cuando la revolución sandinista perdió el poder en las elecciones de 1990, permitiendo que Violeta Chamorro, mi madre, se convirtiera en presidenta por siete años, el propio Ortega contribuyó a fundar la democracia electoral al aceptar su derrota, inaugurando el camino inédito de la alternabilidad en el poder. Sin embargo, Ortega y Arnoldo Alemán, el presidente que sucedió a Violeta Chamorro —luego acusado por corrupción—, negociaron en 1999 un pacto que debilitó la tendencia hacia una democracia pluralista al poner al sistema electoral bajo el control político bipartidista. Así el sistema electoral se vació de institucionalidad hasta contaminarse y desplomarse de forma definitiva al asumir Ortega el poder en 2007.

En las elecciones municipales de 2008 se impuso un fraude electoral ampliamente documentado, y en las presidenciales de 2011, Ortega se reeligió de forma inconstitucional, nuevamente bajo denuncias de fraude. En los últimos cinco años, ha consolidado una dictadura institucional con un nivel absoluto de concentración del poder, sustentado en una alianza con los grandes empresarios privados a través de un esquema corporativista, y gracias a políticas sociales asistencialistas hacia los pobres, que le han brindado un innegable rédito político.

¿Por qué este caudillo del siglo XXI suprimió el pluralismo político, si, al menos en teoría, podría ganar libremente una elección con el apoyo popular que ha cosechado su gobierno, y de paso blindarlo con legitimidad? La pregunta carece de una respuesta coherente si se pretende evaluar a Ortega bajo estándares democráticos. Pero el cierre del espacio político resulta entendible bajo la lógica de un líder autoritario, cuya prioridad es despejar el camino para los tiempos de vacas flacas sin el subsidio económico de Venezuela ahora en crisis económica y política, y asegurar las condiciones para la sucesión familiar en el poder.

Al cerrar el espacio político, Ortega ha generado costos domésticos y externos. Entre el gran capital y los inversionistas crece la preocupación sobre el impacto negativo del autoritarismo en el clima de negocios, y la amenaza del congreso norteamericano de imponer sanciones económicas en los organismos multilaterales de crédito con la Nicaragua Investment Conditionality Act llamada “Nica Act”, ya aprobada en la cámara baja.

Experto en negociar al borde del precipicio, a última hora Ortega promovió un diálogo político con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien a su vez invoca como escudo y estrategia la mancillada Carta Democrática. El diálogo con la OEA no tendrá incidencia en las elecciones del seis de noviembre, pero ha generado expectativas sobre eventuales promesas de reformas políticas a futuro.

No se pueden adelantar conclusiones y lo único claro, por ahora, es que nuevamente Nicaragua tiende a insertarse en el viejo círculo vicioso que intenta compensar la falta de soluciones nacionales a través de la presión externa. La única buena noticia en medio de este panorama de incertidumbre es que la aparente fortaleza de Ortega tiene pies de barro.

Como enseñó la experiencia bajo Somoza, la corrupción y la represión resultante de un régimen personalista que se transforma en dictadura familiar, representan un cóctel explosivo que lo hacen insostenible a mediano plazo. Ojalá que esta vez, cuando renazca la esperanza en una alternativa democrática, los nicaragüenses estaremos preparados para hacer el cambio de forma pacífica.

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