Violencia política no cede; omisión del gobierno podría ser premeditada: PRD

Omar Ortega, diputado del PRD, subrayó que el ataque contra el líder del PES, Vicente Onofre, es un nuevo llamado de atención a ponerle freno a la violencia política y a la inseguridad.

El Ejecutivo Federal ha sido omiso ante los llamados a contener la violencia en el marco de las elecciones y el atentado perpetrado contra el líder del Partido Encuentro Social (PES) en el Estado de México, lo deja en claro, advirtió el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Omar Ortega.

El congresista lamentó la falta de acción en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ante esos hechos y sentenció que esa postura podría ser premeditada, a fin de generar un ambiente de mayor descomposición social, que justifique la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.

En un comunicado, el también dirigente del PRD en el territorio mexiquense subrayó que la oposición ha hecho distintos llamados a que el Gobierno Federal, a través de Gobernación y en coordinación con los demás niveles de gobierno, atiendan de inmediato la problemática de inseguridad, que está permeando en el proceso electoral.

Ortega Álvarez enfatizó que la creciente ola de homicidios, entre los que figuran los de precandidatos, militantes de partidos políticos, como el diputado federal con licencia y aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al municipio de Cuautitlán Izcalli, entre otras personas, muestran que no hay coordinación ni una estrategia para garantizar un ambiente de paz en el país.

El también coordinador de Proceso Legislativo y Jurídico de la bancada perredista en San Lázaro subrayó que el ataque contra el líder del PES, Vicente Onofre, ocurrido en las inmediaciones del municipio de Chalco, es un nuevo llamado de atención a ponerle freno a la violencia política y a la inseguridad.

Reiteró la sentencia respecto a que la omisión de las autoridades en tales circunstancias, podría ser intencional, con el propósito de generar descomposición social y política que derive en la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Interior, impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por su parte, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Ernestina Godoy, hizo referencia al tema de la seguridad, al demandar que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue el asesinato de tres trabajadores de la mina “Media Luna”, ubicada en Cocula, Guerrero, hecho registrado desde noviembre del 2017.

La congresista también pidió investigar la serie de violaciones a los derechos humanos y laborales de las personas que laboran en esa mina, propiedad de la empresa TGRXM2010, filial del grupo canadiense Torex Gold Resources.

Indicó que, entre los trabajadores asesinados, se encontraba Quintín Salgado Salgado, quien promovía un paro laboral en la mina, con el fin de exigir mejores condiciones de trabajo.

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